Reforma laboral: cuáles son los principales puntos que se tratan en Diputados

La Cámara de Diputados debate este jueves el proyecto de reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado y que el oficialismo busca convertir en ley en una sesión convocada para las 14 por el presidente del cuerpo, Martín Menem. La iniciativa propone una amplia reconfiguración del régimen laboral, con modificaciones en indemnizaciones, licencias, organización del trabajo, convenios colectivos y sistema sindical, además de incentivos para la formalización del empleo.

El texto que llegará al recinto mantiene los lineamientos centrales promovidos por el Gobierno, aunque incorpora cambios respecto de la versión aprobada en la Cámara Alta. En las últimas horas, el Ejecutivo resolvió eliminar el artículo 44, que había generado fuertes cuestionamientos políticos y sindicales al establecer una reducción del salario durante las licencias por enfermedad. Esa decisión abrió un nuevo escenario de negociaciones, ya que el proyecto podría regresar al Senado si se introducen más modificaciones.

Con la primera minoría propia, el oficialismo necesita acuerdos para garantizar la aprobación. Desde bloques aliados señalaron que, si la iniciativa debe volver a la Cámara Alta, podrían incorporarse otros cambios, como la posibilidad de cobrar salarios a través de billeteras virtuales, aunque La Libertad Avanza advirtió que no aceptará nuevas alteraciones al texto.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la redefinición del esquema indemnizatorio. El proyecto mantiene la indemnización por despido sin causa, pero fija que el cálculo se realizará únicamente sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual, excluyendo conceptos como aguinaldo, premios o adicionales extraordinarios. Además, establece un nuevo criterio de actualización de créditos laborales, basado en el índice de precios al consumidor más un 3% anual, con el objetivo de reducir la litigiosidad y otorgar mayor previsibilidad.

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En ese marco, se crea el Fondo de Asistencia Laboral, que se financiará con aportes obligatorios de los empleadores: 1% de las contribuciones patronales en el caso de grandes empresas y 2,5% en las mipymes. El fondo será inembargable, estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores y funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones, mientras que la ANSES dejará de percibir esos ingresos. El proyecto también habilita el pago de sentencias laborales en cuotas, de hasta seis meses para grandes empresas y hasta un año para pequeñas y medianas.

El capítulo de licencias por enfermedad fue uno de los más controvertidos durante el tratamiento en el Senado. La versión original preveía reducciones salariales según el origen de la incapacidad, pero ese esquema fue finalmente eliminado. No obstante, la reforma refuerza los controles médicos, exige certificados más detallados y habilita al empleador a solicitar revisiones. En caso de discrepancias, podrán intervenir juntas médicas cuyo costo será asumido por la empresa.

Otro punto que sigue generando presión política es el mecanismo de pago de salarios. El bloque del PRO anticipó que insistirá en restablecer la opción de acreditar sueldos en billeteras virtuales o Proveedores de Servicios de Pago regulados por el Banco Central, una alternativa que había sido descartada en el Senado tras objeciones del sistema bancario.

En relación con la organización del trabajo, la iniciativa no modifica la jornada legal vigente, pero incorpora la posibilidad de implementar un banco de horas voluntario, mediante acuerdos individuales para compensar horas extraordinarias con descansos. También habilita contratos a tiempo parcial y mayor flexibilidad en la distribución horaria. En materia de vacaciones, mantiene el piso legal de 14 días, pero autoriza su fraccionamiento por acuerdo entre las partes y amplía la posibilidad de fijar fechas fuera del esquema tradicional.

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El proyecto reafirma la prioridad de los convenios por empresa o región por sobre los acuerdos sectoriales nacionales y mantiene el aporte patronal del 6% a las obras sociales sindicales, así como la cuota sindical obligatoria, con un tope del 2% del salario, incluso para trabajadores no afiliados. Además, redefine los alcances del derecho a huelga, al establecer niveles mínimos de prestación en servicios esenciales y actividades consideradas trascendentales, y regula las asambleas en los lugares de trabajo.

La reforma incluye también un programa de regularización laboral con condonación de hasta el 70% de deudas por aportes impagos para empresas que blanqueen trabajadores, así como el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral, que reduce las contribuciones patronales al 8% durante un año por cada nuevo empleo registrado. En el plano judicial, los acuerdos homologados ante la autoridad laboral tendrán el mismo valor que una sentencia firme y no podrán reabrirse, al tiempo que se fijan topes a honorarios y se prevé una reorganización gradual de la Justicia del Trabajo.

Con la eliminación del artículo sobre licencias como principal gesto de negociación, el oficialismo buscará este jueves reunir los votos necesarios para avanzar con la sanción definitiva de la reforma laboral.

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