Sobres con dinero y débito "de flota": revelan detalles del fraude combustible

En una escandalosa causa judicial que sacude a la Unidad Regional II de la Policía de la provincia de Santa Fe, este martes comenzó en la Sala 7 del Centro de Justicia Penal de Rosario la audiencia imputativa contra 17 personas —entre ellas numerosos funcionarios policiales y empresarios del sector privado— por la presunta sustracción sistemática de caudales públicos mediante una compleja maniobra de sobrefacturación y facturación ficticia de cargas de combustible.

La audiencia, presidida por el fiscal José Luis Caterina del Equipo Fiscal Transitorio de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, continuará este miércoles. La Fiscalía acusa a los imputados de haber integrado una estructura ilícita dedicada a defraudar al Estado Provincial, específicamente al sistema de provisión de combustibles de la Policía de Santa Fe, valiéndose de tarjetas de débito corporativas (“Visa Flota”) asignadas para la carga de combustibles en móviles oficiales.

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El mecanismo. Según la imputación, los responsables del combustible en distintas secciones de la policía retenían las tarjetas que debían permanecer en los vehículos oficiales, y las utilizaban para efectuar operaciones fraudulentas: cargaban combustible en menor cantidad de la declarada o directamente registraban cargas inexistentes. Estas operaciones eran validadas con documentación apócrifa y planillas manipuladas, generando un perjuicio millonario al erario público.

Los fondos desviados terminaban en manos de la empresa “Gas Auto Tiferno S.A.”, explotadora de una estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900 de Rosario, cuyos responsables también están implicados en la causa. En algunos casos, se hallaron posnets de dicha empresa en domicilios particulares de los imputados, incluyendo el de una funcionaria policial que facturaba directamente desde su casa.

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Imputados. Entre los imputados se encuentran altos mandos de la Unidad Regional II como los comisarios Gerardo R., Rodrigo D., Fabián F., y Juan Pablo P., todos acusados por delitos como peculado, cohecho pasivo, defraudación agravada y falsedad ideológica. A ellos se suman subinspectores, inspectores y civiles, incluidos miembros de la empresa “Gas Auto Tiferno S.A.”: Mónica B. (presidenta), Oscar C. (copropietario), Daniel R. (encargado de estación) y María Fernanda D.F. (administrativa), todos acusados de cohecho activo y defraudación.

La operatoria, que se habría extendido al menos desde agosto de 2024 hasta mayo de 2025, habría generado un perjuicio estimado en más de 45 millones de pesos mensuales para el Estado Provincial. En el mes de marzo de 2025, por ejemplo, se asignaron al “Garage Oficial” más de $379 millones para la compra de combustibles.

Relaciones personales y favores jerárquicos. La Fiscalía destaca la relación de complicidad entre funcionarios y empresarios, sostenida por vínculos de confianza, favores jerárquicos y relaciones personales. Entre los ejemplos más notorios se encuentra el de Sergio L., subinspector encargado del combustible del Comando Radioeléctrico, y Nancy P., jefa de la Sección Ficheros y su pareja, quien, pese a no tener funciones vinculadas al área de combustibles, habría facturado desde su domicilio con el posnet de la estación.

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Asimismo, se señala que el comisario supervisor Rodrigo D., jefe de la Secretaría Privada de la UR II, mantenía un férreo control sobre el “Garage Oficial”, gestionando partidas, encubriendo irregularidades y facilitando la continuidad del esquema de corrupción.

Evidencia contundente. La investigación cuenta con una cantidad significativa de evidencia: intervenciones telefónicas, fotografías de efectivos retirando sobres con dinero en la estación de servicio, documentación secuestrada en allanamientos e incluso posnets de la empresa “Tiferno” en domicilios particulares. En uno de los operativos, se halló a un imputado con más de 300 tarjetas Visa Flota sobre una mesa, junto a un posnet y documentos listos para ser destruidos.

La acusación. La imputación alcanza delitos de peculado, cohecho (activo y pasivo), defraudación agravada contra la administración pública y falsedad ideológica. La Fiscalía argumenta que la maniobra solo fue posible por la cooperación activa de los funcionarios policiales con los empresarios, en un pacto ilegal mediante el cual los primeros autorizaban y ejecutaban la facturación fraudulenta y los segundos garantizaban el retorno de parte del dinero en forma de dádivas.

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Con todos los implicados —funcionarios y civiles— ya pasados a disponibilidad o fuera de funciones, el proceso judicial que se inicia podría representar un precedente de gran peso en materia de corrupción institucional en Santa Fe.

La audiencia imputativa continuará este miércoles con la presentación de más pruebas por parte del Ministerio Público Fiscal, que buscará avanzar en el esclarecimiento del entramado delictivo que afecta directamente a los fondos públicos provinciales.