Imputan a 20 policías de Rosario por desvío de 45 millones en vales de nafta

La Fiscalía Regional de Rosario confirmó que se imputará a veinte policías por malversación de fondos públicos relacionados con vales de nafta. La audiencia imputativa está programada para inicios de la próxima semana bajo la dirección del fiscal José Luis Caterina.

Dentro de los acusados, puede encontrarse a tres jefes y dos subjefes de la sección de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario, según fuentes del medio local La Capital. 

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Entre los implicados destacan la subinspectora Davina P., subjefa de Talleres Mecánicos Tarragona; el comisario Fabián F., al frente de la sección de perros y caballería; el inspector Mario B., subjefe de la misma área; el comisario Rodrigo D., supervisor de la Secretaría Privada de la Jefatura de la Unidad Regional II; y el comisario Gerardo R., jefe de Garage de distribución de combustible de la URII.

Adicionalmente, el subinspector Javier A. y Francisco T., ambos del Cuerpo Guardia de Infantería; el subinspector Sergio L. y el numerario Ramón S., del Comando Radioeléctrico; el comisario Juan P., de la Brigada de Orden Urbano; el inspector Juan V., de la Brigada Motorizada; el subinspector Fernando C., del Grupo Táctico Multipropósito; y la empleada Nancy P., de la División Personal, también se encuentran entre los acusados.

Además, se incluye a los subinspectores Jorge D. y Gustavo B., de la División Logística; así como al inspector Franco C., de la Policía de Investigaciones.

Con respecto a los cuatro civiles involucrados, se informa que están vinculados a la empresa Gas Auto Tiferno. Estos sujetos son señalados como quienes ejecutaron los movimientos fraudulentos en la estación de servicio Puma ubicada en Ovidio Lagos al 3900, ya clausurada.

Las investigaciones han revelado que "se realizaron maniobras ilícitas en la URII que perjudicaban a la Administración Pública, dado que el personal encargado de la logística de combustible implementaba estrategias para apropiarse de fondos”, detallaron las autoridades.

Asimismo, se explicó que los responsables del área realizaban “pagos superiores a los gastos de combustible efectivamente cargados en los patrulleros” y luego distribuían lo sobrante.

La malversación de caudales públicos se calcularía en torno a 45 millones de pesos, en un contexto donde se estima que la URII destina mensualmente 380 millones a la carga de combustible.