Fentanilo: ampliación de acusación por 90 muertes y giro en la investigación

El Juzgado Federal N°3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, amplió el procesamiento a los imputados por la causa del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma y los responsabilizó por 70 muertes y 44 lesiones (2 gravísimas, 41 graves y 1 leve). El procesamiento dictado en 2025 ya los hacía responsables de 20 muertes, por lo que el número de fallecimientos trepó a 90 víctimas probadas. Por fuera de la estadística, resulta relevante que tras la indagatoria a los imputados (pertenecientes a HLB Pharma y Laboratorios Ramallo) ahora la investigación adopta un giro crucial: el nuevo blanco es el desempeño de los funcionarios públicos de los organismos de Salud.

Según pudo saber Cadena 3, el universo real de víctimas es seguramente mayor al probado en el expediente, lo que reaviva plenamente el concepto de “cifra negra” y la dificultad de precisar la cantidad de muertos que causó el fentanilo contaminado, suministrado en 52 establecimientos de cinco jurisdicciones del país (Buenos Aires, CABA, Santa Fe, Córdoba y Formosa). Asimismo, en la resolución judicial los investigadores argumentan que las limitaciones propias de la causa los obligan a realizar un corte en los casos relevados hasta el momento. De hecho, la última cifra apuntada en medio de las pericias era de 114 fallecidos y 59 afectados.

/Inicio Código Embebido/

En ese sentido, el punto 7 de la resolución para las fuentes de la investigación es determinante, puesto que explica el corte numérico e identifica siete grandes dificultades en el funcionamiento de los hospitales que conllevaron complicaciones a la hora de contabilizar víctimas. Los escollos mencionados fueron: falta de trazabilidad intrahospitalaria; falta de muestras biológicas para realizar las secuencias genéticas y confirmar o descartar la asociación al brote; descarte de muestras tras las muertes; formas de tomar cultivos; deficiencias de registración documental en las historias clínicas; metodología y tecnología para la identificación microbiológica; historias clínicas manuscritas de baja legibilidad.

Los implicados podrían afrontar entre 10 y 25 años de cárcel, dependiendo de la escala penal que aplique a cada caso. El voluminoso archivo de 382 páginas acusa a los imputados por la “adulteración de sustancias medicinales” que llevó a los fallecimientos y lesiones. El principal señalado y preso en el penal de Marcos Paz es Ariel García Furfaro-que en Cadena 3 cuestionó la investigación-, propietario del laboratorio productor de las ampollas de los lotes 31202 y 31244 (contaminadas con la bacteria Klebsiella pneumonie) que desataron la tragedia sanitaria.

/Inicio Código Embebido/

El resto de los procesados que están detenidos son Diego García (hermano de Ariel), Nilda Furfaro (madre de Ariel y Diego), Javier Tchukrán (director de Laboratorios Ramallo y HLB Pharma), José Maiorano (director técnico de HLB Pharma) y Carolina Ansaldi (funcionaria jerárquica de Laboratorios Ramallo). A ellos se suman María Victoria García, Wilson Pons, Adriana Iúdica, Arzolidys Daiana Astudillo Bolívar, Rocio Garay, Edgardo Sclafani y Eduardo Darchuk.

Un giro clave

A un año de la denuncia inicial de la causa, los investigadores del Juzgado N°3 y la Fiscalía Federal N°1 de La Plata, a cargo de María Laura Roteta, identificaron e indagaron a los responsables empresariales de producir y distribuir el fentanilo contaminado. En paralelo, tomaron como prueba informes del Instituto Malbrán que daban cuenta de las imprudentes condiciones de fabricación y manejo de los productos. También el Cuerpo Médico Forense aportó pericias que confirmaron la incidencia del fentanilo contaminado en el riesgo de muerte de los pacientes afectados.

En medio de la relación entre el productor y distribuidor de la droga, los compradores y aplicadores de la misma (clínicas, sanatorios y hospitales de índole pública y privada) y las víctimas, emerge el rol del Estado y su responsabilidad en las tareas de control y trazabilidad. Específicamente, ahora quedan bajo la lupa el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). Ambos dependen del Ministerio de Salud de la Nación hoy a cargo de Mario Lugones, que solo dio explicaciones al respecto en contadas ocasiones.

/Inicio Código Embebido/

El punto que toma relevancia es, por ejemplo, el antecedente de las 118 advertencias que recibió HLB Pharma en el lapso comprendido entre los años 2018 y 2024 por falencias en torno a las prácticas de fabricación. A eso se sumaron inspecciones de ANMAT (recién el 10 de abril de este año dio de baja a las empresas involucradas), por lo que el giro investigativo de la causa ahora apuntará a determinar el grado de incidencia que tuvieron los funcionarios públicos en el desarrollo de esta tragedia sanitaria. Es incierto precisar qué postura tomará el Gobierno nacional ante este giro, puesto que anteriormente solicitó la recusación de Kreplak por ser hermano de Nicolás, el ministro de Salud bonaerense, justo cuando los organismos sanitarios nacionales pasaban de querellantes a investigados.

El dolor que no se apaga

Un grupo de familiares de víctimas se congregó este miércoles por la tarde en la explanada del Centro Cultural Fontanarrosa de Rosario para pedir justicia. La ciudad, una de las más afectadas por la tragedia (43 muertes), dejó casos de alto impacto, como el de las dos bebas fallecidas tras estar internadas en el Sanatorio de Niños, perteneciente al Grupo Oroño. Esta vez, como en anteriores ocasiones, las víctimas volvieron a reclamar para que el caso no pase al olvido y concluya en un juicio acorde a la magnitud del dolor que padecen.

/Inicio Código Embebido/

La abogada de varias de las familias afectadas, Adriana Francese, expresó: “A un año del inicio de esta investigación, la causa ha logrado avanzar de manera firme y con una importante solidez probatoria, pese a los numerosos planteos defensistas interpuestos en el expediente. Este avance se debe al trabajo sostenido de la Justicia en una causa tan sensible como relevante para la salud pública, especialmente frente a la necesidad urgente de identificar, rastrear y recuperar los productos involucrados, ante la inactividad inicial tanto de los organismos que debían ejercer tareas de control y fiscalización como del propio laboratorio involucrado”.