Trump propone eliminar gradualmente a la FEMA tras la temporada de huracanes

SAN DIEGO (AP) — El plan del presidente Donald Trump de “eliminar gradualmente” la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) tras la temporada de huracanes de 2025 ha generado alarma entre expertos. Se estima que esta propuesta aumentaría las responsabilidades de los estados en el manejo de desastres naturales, los cuales son cada vez más frecuentes y costosos.

Durante una reunión en el Despacho Oval, Trump expresó su deseo de transferir el manejo de emergencias al nivel estatal. "Queremos independizarnos de la FEMA", indicó, mientras discutía los preparativos para los incendios forestales de verano con funcionarios gubernamentales.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también ha manifestado en múltiples ocasiones su interés por reformar, o incluso desmantelar completamente, la agencia de 46 años de antigüedad. Aunque existe apoyo bipartidista para realizar reformas, analistas advierten que eliminar la FEMA podría causar vacíos significativos en la provisión de servicios y financiamiento vital.

Michael Coen, quien fue jefe de personal de la FEMA bajo Barack Obama y Joe Biden, expresó que esta propuesta añade preocupación sobre cómo los estados deberían planificar su capacidad de respuesta ante desastres, especialmente si el gobierno federal no está disponible para ayudarles.

El papel de la FEMA actualmente incluye coordinar recursos de agencias federales, ofrecer programas de asistencia directa a hogares afectados y proporcionar financiamiento para la reparación de infraestructura pública. Trump indicó que desea “dar menos dinero” y que los fondos “podrían provenir de la oficina del presidente” o del Departamento de Seguridad Nacional.

Coen destacó que Trump subestimó la magnitud del trabajo que realiza la FEMA, que gestiona un presupuesto anual superior a los 30 mil millones de dólares. Desmantelar la FEMA, o alterar el reparto de costos en las declaraciones de desastres, requeriría acción congresional, además de enmendar la Ley Stafford de 1988, que define las funciones y responsabilidades de la FEMA y los costos compartidos entre el gobierno federal y los estados.

Las implicaciones de esto podrían ser considerables, especialmente si se declara un menor número de desastres o se ofrece menos apoyo federal, lo que podría colocar una carga financiera insostenible sobre los estados. Sara McTarnaghan, investigadora en el Urban Institute, destacó que muchos estados no tienen fondos suficientes reservados para enfrentar la posible retirada del gobierno federal.

Un análisis realizado calculó que entre 2008 y 2024, elevar el umbral de declaración de desastres podría trasladar 41 mil millones de dólares en costos de asistencia pública a gobiernos estatales y locales. Esta situación preocupa a todos los estados con alta exposición ante desastres y con capacidad fiscal limitada.

Trump minimizó las preocupaciones al afirmar que los gobernadores deberían poder gestionar la recuperación de sus estados. Sin embargo, los expertos sugieren que, si se elimina la asistencia federal, los estados podrían tener que recurrir a otros recursos, comprometiendo inversiones en programas sociales y otras funciones esenciales.

La situación actual de la temporada de huracanes, que inició el 1 de junio, ha llevado a cambios en la operación de la FEMA. La agencia ha cancelado su programa de visitas puerta a puerta y más de 2.000 empleados han dejado sus puestos desde enero. La eficacia de su respuesta ya ha sido cuestionada, con demoras en la aprobación de solicitudes de declaración de desastre.

A medida que se avecinan los huracanes, la amenaza de desastres se intensifica, planteando serias preguntas sobre la preparación y respuesta ante emergencias en un futuro donde la asistencia federal podría estar en riesgo. Un consejo establecido por Trump buscará sugerencias para reformar la FEMA, indicando un claro ímpetu hacia un cambio significativo.

La conversación en torno a la viabilidad de la FEMA como existe actualmente continúa, ya que los expertos y funcionarios enfrentan el desafío de gestionar riesgos crecientes en un entorno administrativo que propicia la incertidumbre.