Colombia lanza sus primeras sanciones tras 5 años de conflicto armado

BOGOTÁ (AP) — El tribunal destinado a investigar los crímenes de lesa humanidad y de guerra perpetrados durante más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia se encuentra a punto de emitir sus primeras sentencias, a casi siete años de su formación.

Las sanciones que se anticipan buscan desafiar la concepción común de que la justicia se traduce únicamente en penas de prisión. Este ha sido uno de los principales cuestionamientos dirigidos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desde la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, un hito en la historia del país.

El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, reflexionó sobre este enfoque: “¿Es más justa una persona en prisión que nunca ha dicho la verdad, o alguien que acepta su responsabilidad y colabora para esclarecer los hechos?” Durante una entrevista con The Associated Press, Ramelli planteó si eso no podría considerarse una forma más efectiva de justicia.

Antes de la creación de la JEP, el sistema judicial colombiano presentaba un índice de impunidad alarmante. Cerca del 90% de los delitos quedaban sin castigo, incluso cuando se dictaban sentencias, las víctimas a menudo no veían justicia en casos de desapariciones forzadas, homicidios y secuestros.

Ramelli destacó que las víctimas, o sus familiares, frecuentemente buscan conocer la verdad sobre lo sucedido, y aquellos que aceptaron someterse a la JEP han facilitado la identificación de responsables en altos mandos. “La mayor satisfacción de las víctimas no reside en las sentencias, sino en su participación en el proceso y la verdad que han conseguido”, añadió Ramelli.

Las primeras sanciones que se aproximan no conducirán, en su mayoría, a encarcelamientos, lo que ha suscitado críticas que interpretan esto como un símbolo de impunidad. El novedoso enfoque del tribunal contempla incentivar a los victimarios a participar en iniciativas que busquen reparar el daño causado a las víctimas.

“Estas sanciones incluyen restricciones geográficas y un monitoreo de su cumplimiento, pero no necesariamente implican privación de libertad”, explicó Ramelli. Estas medidas podrían incluir la búsqueda de restos de desaparecidos o la construcción de infraestructuras en regiones afectadas por el conflicto.

La JEP pretende emitir sentencias en los próximos meses en los casos más avanzados, que involucran asesinatos y secuestros. Los antiguos miembros de la FARC enfrentarán sanciones por el secuestro de miles de civiles, mientras que ciertos exmilitares serán juzgados por ejecuciones extrajudiciales, conocidas localmente como “falsos positivos”.

La JEP también procesará al coronel retirado Publio Hernán Mejía, señalado como el primero en enfrentar juicio por no aceptar su responsabilidad en una serie de ejecuciones. De ser culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión sin posibilidad de reducción de la pena. En resumen, la estrategia de la JEP busca reparar el tejido social del país, combinando justicia restaurativa con sanciones efectivas.

Sin embargo, la violencia persiste en Colombia, a pesar del acuerdo de paz con las FARC, ya que otros grupos armados siguen luchando por el control territorial. Las sanciones deben realizarse en zonas donde se produjo el conflicto, aunque la presencia de violencia actual complica este seguimiento.

Ramelli subrayó la importancia de que los avances en la implementación del acuerdo de paz puedan brindar oportunidades para otras negociaciones con grupos aún armados. Estas negociaciones son cruciales para acabar con un ciclo de violencia prolongada y sostenida en el país.