Reveses legales a represa en la Amazonía cuestionan dependencia de Brasil en energía hidroeléctrica

SAO PAULO — La planta hidroeléctrica de Belo Monte, ubicada en la Amazonía brasileña, se posiciona como una de las más grandes del mundo, diseñada para desviar el agua del río Xingu y minimizar la necesidad de grandes embalses que inundarían extensas áreas. A pesar de que el proyecto fue aprobado tras años de disputas legales, las autoridades condicionaron su ejecución a la preservación de los ecosistemas y las comunidades indígenas a lo largo del río.

Sin embargo, a una década de su inauguración en 2016, los tribunales brasileños han determinado que Belo Monte no cumplió con los requisitos establecidos, encontrando que sus efectos ambientales y sociales han sido mucho más severos de lo anticipado. "Sólo confirmaron lo que ya sabíamos", comentó Ana Laíde Barbosa, integrante del Movimento Xingu Vivo, que se opone al proyecto desde 2008.

La reciente decisión judicial resalta preocupaciones sobre la dependencia de Brasil en la energía hidroeléctrica, ya que varias represas son responsables de la mayor parte de la electricidad del país. Originalmente planificada en la década de 1970 durante la dictadura militar, Belo Monte fue promovida por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en 2010 y actualmente aporta cerca del 10% de la energía eléctrica nacional.

En diciembre, el Supremo Tribunal Federal ordenó al gobierno brasileño compensar con 19 millones de reales (aproximadamente 3,6 millones de dólares) a las comunidades indígenas afectadas por la represa. Adicionalmente, un tribunal local requirió a Norte Energia, la compañía responsable de la construcción y operación de Belo Monte, que provea agua potable a las comunidades que han visto secar sus fuentes naturales, obligándolas a depender del agua embotellada.

En un fallo crucial, un juez federal instruyó a Norte Energia a reevaluar la cantidad de agua que desvía del río Xingu para operar sus turbinas, un cambio que podría impactar negativamente en la producción de energía. La empresa ha indicado que esta revisión no tendrá efectos inmediatos, ya que cualquier modificación dependerá de la resolución de apelaciones pendientes. Aseguran que su modelo actual busca equilibrar las inquietudes ambientales con la seguridad energética y los costos para los consumidores.

El contexto legal se complica aún más con la reciente aprobación de una ley que acelerará la aprobación de proyectos de infraestructura. A partir de febrero, los procesos que antes tardaban hasta seis o siete años ahora se completarán en un año, lo que podría aumentar la frecuencia de proyectos como Belo Monte. Expertos advierten que esta medida podría implicar un menor escrutinio de los impactos sociales y ambientales.

Las comunidades indígenas, como los juruna, que habitan a lo largo del río Xingu, han estado en la primera línea de la resistencia contra la represa. Vinculan su existencia al río, al que consideran parte de su familia. Desde que comenzó a operar Belo Monte, el desvío del 70% al 80% del flujo del río ha provocado la muerte de peces y la imposibilidad de navegar, afectando el acceso a servicios básicos. Josiel Jacinto Pereira Juruna, un líder indígena, comentó sobre el profundo impacto que ha tenido en su comunidad.

En 2013, el pueblo juruna comenzó a organizarse para monitorear los efectos de la represa, colaborando con científicos para documentar los daños que Norte Energia había minimizado. Este esfuerzo ha sido fundamental para fortalecer su caso legal. A pesar de los reveses, Josiel Juruna expresó que el fallo reciente brinda una sensación de validación a sus luchas. "Tenemos que luchar tanto, probar tanto. Hay mucha evidencia, tantas cosas sucediendo, pero al mismo tiempo nada cambia", reflexionó.

A medida que se desarrollan los acontecimientos, la situación de Belo Monte sigue siendo un punto crítico en el debate sobre la energía hidroeléctrica en Brasil. Con el cambio climático intensificando las sequías, el futuro de esta represa y su impacto en las comunidades locales sigue siendo incierto. Las autoridades y la sociedad civil enfrentan el desafío de encontrar un equilibrio entre la producción de energía y la protección de los derechos y el entorno de las comunidades afectadas.