Condenan a 40 años de prisión a Salvatore Mancuso por crímenes en Colombia

BOGOTÁ — Un tribunal colombiano condenó a Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar, a 40 años de prisión por crímenes cometidos contra comunidades indígenas del norte del país entre 2002 y 2006. La fiscalía informó que existe la alternativa de que su pena sea reducida a ocho años si Mancuso acata compromisos de verdad y reparación.

Esta nueva sentencia se produce tras la recuperación de la libertad de Mancuso en 2024, luego de purgar más de 15 años de prisión en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y algunos meses en Colombia por delitos asociados al conflicto armado interno, tras su deportación.

El exjefe paramilitar ha sido acusado de miles de delitos, la mayoría cometidos cuando lideraba las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluyendo desplazamientos, homicidios, crímenes de guerra y violencia de género. Sin embargo, en Colombia ha estado protegido por la "Ley de Justicia y Paz", creada en 2005 para cumplir con un acuerdo de paz entre el gobierno y los paramilitares.

La nueva condena fue dictada por un tribunal de Justicia y Paz, que concluyó que los paramilitares bajo su mando perpetraron "homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, casos de violencia basada en género y otras conductas ilícitas entre 2002 y 2006" contra indígenas Wayúu y otras comunidades en La Guajira.

Según la fiscalía, la condena condiciona la pena que finalmente recibirá a que Mancuso cumpla con el "compromiso de atender las obligaciones" que tiene con la justicia especial para exparamilitares. Tras ser deportado de Estados Unidos, el exparamilitar alegó en su defensa que ya cumplió más de los ocho años de prisión pactados cuando negociaron la paz con el Estado en las cárceles colombianas y estadounidenses.

"Deberá reconocer públicamente su responsabilidad, arrepentimiento y compromiso de no volver a incurrir en la comisión de conductas punibles", indicó la sentencia.

Actualmente, Mancuso cumple el rol de "gestor de paz", una figura que le permite acompañar acercamientos de paz con grupos armados ilegales, incluyendo los de herencia paramilitar como el Clan del Golfo, el mayor cártel activo del país. Esta designación fue realizada directamente por el presidente Gustavo Petro, quien adelanta una política llamada "paz total" que busca acuerdos negociados con grupos armados.

Petro cuestionó la voluntad de paz del Clan del Golfo al denunciar que están obstaculizando la entrega de tierras que los paramilitares quitaron a los campesinos. "Si así vamos, indudablemente el proceso está dañado", indicó el mandatario en la red social X.