La ofensiva migratoria de Trump colapsa los tribunales estadounidenses

ATLANTA — Jueces federales en todo el país se enfrentan a un aumento significativo de demandas de inmigrantes detenidos bajo la política de deportación masiva impulsada por la administración de Donald Trump.

Bajo administraciones anteriores, los inmigrantes sin antecedentes penales generalmente podían solicitar audiencias de fianza mientras sus casos se procesaban en tribunales de inmigración, a menos que fueran detenidos en la frontera. Sin embargo, la administración de Trump cambió esta política, implementando una detención obligatoria.

Como resultado, miles de inmigrantes han acudido a los tribunales federales, presentando peticiones de hábeas corpus. A pesar de que la administración logró una victoria legal el viernes, el impacto de esta situación en los tribunales federales es significativo. Algunos jueces han comenzado a responder de diferentes maneras.

Los jueces están dando la voz de alarma

En un tribunal federal en Georgia, el gran número de peticiones de hábeas ha llevado a que un juez declare una "emergencia judicial administrativa". El juez Clay Land en Columbus señaló que el gobierno se niega a proporcionar audiencias de fianza a inmigrantes en el Centro de Detención de Stewart, a pesar de sus "fallos claros y definitivos" en contra de la detención obligatoria. Como resultado, el tribunal se ha visto obligado a programar audiencias para cada caso individual.

En Minnesota, donde las redadas migratorias continúan, el juez Patrick Schiltz indicó que la administración de Trump no había tomado "ninguna medida para manejar las cientos de peticiones de hábeas y otras demandas que surgirían". El tribunal recibió más de 400 peticiones de hábeas solo en enero, según una presentación del gobierno.

Schiltz, quien también fue nominado por Bush, subrayó que desde enero, el gobierno no había cumplido con decenas de órdenes de liberar o proporcionar alivio a inmigrantes arrestados durante la Operación Metro Surge.

En el Distrito Sur de Nueva York, el juez Arun Subramanian mencionó en diciembre que su jurisdicción había sido "inundada" con peticiones de alivio de inmigrantes que no representaban un riesgo de fuga o peligro, pero que estaban encarcelados indefinidamente. Subramanian, nominado por Biden, concedió la solicitud de hábeas de una mujer guineana de 52 años y ordenó su liberación. "Nadie disputa que el gobierno puede, de acuerdo con la ley, buscar la expulsión de personas que están en este país ilegalmente", escribió. "Pero la forma en que tratamos a los demás importa".

La administración defiende sus acciones

El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que estaba "más que preparado para manejar la carga legal necesaria para cumplir con la agenda de deportación de Trump". Además, criticó al poder judicial, argumentando que "si los jueces rebeldes respetaran la ley al adjudicar casos y respetaran la obligación del Gobierno de preparar adecuadamente los casos, no habría una carga abrumadora de hábeas".

El viernes, un tribunal de apelaciones federal respaldó la política de la administración de detener a inmigrantes sin fianza. El fallo 2-1 de un panel del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito marcó una importante victoria legal para el gobierno y contradijo decisiones de tribunales inferiores que consideraban la práctica ilegal.

Los abogados de inmigración acusan a la administración de ignorar una decisión judicial clave

En noviembre, una jueza federal en California dictaminó que la política de detención obligatoria era ilegal. La jueza Sunshine Sykes amplió la decisión para aplicarla a inmigrantes detenidos en todo el país. Sin embargo, los abogados de los demandantes afirmaron que la administración continuó negando audiencias de fianza. "Este fue un claro ejemplo de un desacato flagrante", manifestó Matt Adams, abogado principal de los demandantes.

La jueza Sykes destacó que el gobierno argumentó que su decisión era solo "consultiva" y que los jueces de inmigración debían ignorarla, lo que ella consideró "preocupante".

En respuesta, el juez Land en Georgia ordenó a otros jueces en su distrito que proporcionaran audiencias de fianza a los inmigrantes que cumplieran con los criterios establecidos por casos anteriores de hábeas. En Maryland, el juez George L. Russell III también ordenó que no se removiera inmediatamente a ningún inmigrante que presentara peticiones de hábeas, bajo ciertas condiciones.

La jueza Tiffany Cartwright en Washington afirmó que la gran cantidad de peticiones de hábeas había puesto una "tremenda presión" sobre los abogados de inmigración y el tribunal.