Juez federal permite a migrantes impugnar deportaciones hacia El Salvador

WASHINGTON (AP) — Un juez federal dictó el miércoles que el gobierno estadounidense está obligado a ofrecer a más de 100 migrantes enviados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador la posibilidad de impugnar sus deportaciones.

El juez James Boasberg, de la corte de distrito, expresó que estas personas, deportadas en marzo bajo una ley estatal de 1798, no habían podido de manera formal impugnar las deportaciones ni las acusaciones de pertenecer a la pandilla venezolana Tren de Aragua. Boasberg ordenó al gobierno que implemente un proceso para permitirles presentar sus reclamaciones.

En su decisión, el juez señaló que existen “evidencias significativas” que sugieren que muchos de los migrantes encarcelados en El Salvador no tienen relación con la pandilla mencionada, y que, por lo tanto, sufren las consecuencias de ser recluidos con base en acusaciones poco sólidas, incluso triviales.

Requisitos establecidos por el juez

Boasberg estableció un plazo de una semana para que el gobierno encuentre una manera de permitir que “al menos 137” personas presenten sus reclamaciones, incluso mientras se encuentran bajo la custodia de El Salvador. Esta resolución forma parte de una prolongada disputa legal sobre el futuro de aquellos deportados desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador.

Luego de que el ex presidente Trump utilizó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para enviar aviones con presuntos miembros de pandillas hacia El Salvador, fuera de la órbita de los tribunales estadounidenses, Boasberg había exigido que los aviones regresaran, una solicitud que fue desoída.

El juez encontró causa probable para determinar que el gobierno estaba en desacato al tribunal después de que el vuelo aterrizó en El Salvador. El presidente de ese país, Nayib Bukele, se mofa de esto en redes sociales, mensaje que fue difundido por algunos asesores cercanos a Trump.

Derechos de los deportados

La Corte Suprema del país dictó posteriormente que cualquier persona acusada bajo la Ley de Enemigos Extranjeros tiene derecho a apelar ante un juez su designación como enemigo del Estado. Boasberg destacó que simplemente aplicó este principio a quienes fueron deportados.

El juez expresó que el gobierno “evidentemente privó” a los inmigrantes de la oportunidad de apelar sus deportaciones antes de ser embarcados en los vuelos. En consecuencia, afirma que el gobierno debe manejar los casos “como si hubieran sido atendidos adecuadamente si se hubiera cumplido con el proceso constitucional.”

Un pasaje significativo en la resolución menciona que el juez aceptó la declaración sellada del gobierno que explica el acuerdo con El Salvador para albergar a los deportados. Boasberg indica que, a su juicio, resulta más difícil creer en esas afirmaciones, ante el comportamiento preocupante del gobierno durante el proceso.

Añadió que la Corte Suprema tuvo que intervenir nuevamente para detener un aparente intento de eludir el requisito de las apelaciones con un vuelo nocturno desde Texas en abril. Por otro lado, comparó la situación actual con otro caso donde el gobierno admitió haber deportado erróneamente a un hombre de Maryland hacia El Salvador.