Juez federal detiene plan de Trump para cortar fondos de transporte a estados

BOSTON (AP) — Un juez federal frenó el jueves la intención del gobierno del presidente Donald Trump de retener miles de millones de dólares en fondos de transporte a aquellos estados que se nieguen a colaborar en ciertas acciones de aplicación de la ley de inmigración.

Veinte estados interpusieron una demanda tras la afirmación del secretario de Transporte, Sean Duffy, quien amenazó con cortar el financiamiento a estados que no acatasen la agenda migratoria de Trump. El juez de distrito, John McConnell Jr., dictó una orden que prohíbe a las autoridades federales de transporte llevar a cabo esa amenaza hasta que la demanda sea resuelta en su totalidad.

“El Tribunal concluyó que los estados han evidenciado que sufrirán un daño irreparable y continuo si se ven obligados a aceptar las condiciones de inmigración inapropiadas e inconstitucionales impuestas para acceder a los fondos federales de transporte”, señaló McConnell, quien preside el distrito federal de Rhode Island. “Los estados se enfrentan a la posible pérdida de miles de millones de dólares en financiamiento federal, lo que comprometería su autoridad soberana para decidir sobre el uso de sus cuerpos policiales, pondría en peligro la confianza establecida entre las fuerzas de seguridad locales y las comunidades inmigrantes, y obligaría a reducir, replantear o cancelar proyectos de transporte vigentes.”

El 24 de abril, los estados comenzaron a recibir cartas del Departamento de Transporte, advirtiendo que debían colaborar en los esfuerzos de inmigración bajo riesgo de perder los fondos asignados por el Congreso. Aunque, en ese momento, no se retuvo financiamiento alguno, algunos estados temían que la detención de fondos fuese inminente.

Los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Washington, Wisconsin y Vermont presentaron la demanda en mayo, alegando que la llamada “Directiva Duffy” los ponía en una situación insostenible.

“Los estados se ven forzados a cumplir una condición ilegal e inconstitucional que les haría ceder su control soberano sobre sus policías y reducir la disposición de los inmigrantes a denunciar delitos y participar en programas de salud pública, o renunciar a decenas de miles de millones de dólares que utilizan para mantener carreteras, autopistas, ferrocarriles, vías aéreas, transbordadores y puentes que unen sus comunidades y hogares”, expresaron los fiscales generales en los documentos judiciales.

Por su parte, la fiscal federal interina de Rhode Island, Sara Miron Bloom, argumentó ante el juez que el Congreso ha otorgado al Departamento de Transporte el derecho legal de imponer condiciones en el dinero de las subvenciones que administra y que exigir el cumplimiento de colaboración con autoridades federales de seguridad es un ejercicio razonable de esa discreción. Bloom aseguró en documentos judiciales que permitir al gobierno federal retener los fondos mientras avanza la demanda no causa daño duradero, ya que ese dinero podría distribuirse más tarde si se requiere.

Sin embargo, también advirtió que obligar al gobierno federal a liberar el dinero para los estados que no cooperen probablemente dificultaría la recuperación futura de esos fondos, si el Departamento de Transporte gana el caso.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.