Israel establece pena de muerte para atacantes de Hamás tras conflicto de 2023

JERUSALÉN — Un nuevo proyecto de ley fue aprobado por los legisladores israelíes el lunes, estableciendo un tribunal especial con la autoridad de sentenciar a muerte a palestinos considerados culpables de participar en el ataque de Hamás en 2023, que provocó un conflicto devastador en Gaza.

La iniciativa recibió un respaldo abrumador en la Knéset, con 93 votos a favor y ninguno en contra, de un total de 120 escaños, reflejando una fuerte voluntad política de castigar a los responsables del ataque más letal en la historia de Israel. De los 27 legisladores restantes, algunos se abstuvieron y otros no participaron en la votación.

Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación respecto a esta medida, argumentando que facilita la imposición de la pena de muerte y socava el derecho a un juicio justo. Aunque los condenados podrán apelar, estas apelaciones se someterán a un tribunal especial, distinto de los tribunales ordinarios.

El nuevo marco legal permite a un panel de jueces imponer la pena capital por mayoría, y establece que los juicios se realizarán en Jerusalén y serán transmitidos en vivo, lo que ha llevado a comparaciones con el juicio de Adolf Eichmann en 1962, que también fue televisado.

La ejecución de Eichmann fue la última vez que se aplicó la pena de muerte en Israel, aunque esta sigue contemplada en la legislación para delitos como genocidio y ciertos actos de terrorismo.

Los críticos del proyecto de ley advierten que la transmisión en vivo de los juicios podría convertirlos en un espectáculo mediático, además de cuestionar la validez de las pruebas que se presenten, las cuales podrían haber sido obtenidas bajo coerción.

El conflicto estalló el 7 de octubre de 2023, cuando milicianos de Hamás atacaron Israel, resultando en la muerte de aproximadamente 1.200 personas y la toma de 251 rehenes. La respuesta militar de Israel ha dejado más de 72.628 palestinos muertos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre civiles y combatientes.

El miembro de la coalición gobernante, Simcha Rothman, uno de los impulsores de la ley, afirmó que el apoyo unánime en la Knéset muestra que los legisladores pueden unirse en torno a una causa común.

Varios grupos israelíes de derechos humanos han declarado que, aunque la justicia para las víctimas es fundamental, debe lograrse respetando los principios de justicia. Este proyecto de ley se suma a una legislación previa que autorizó la pena de muerte para palestinos condenados por asesinatos de israelíes, medida que ha sido condenada internacionalmente.

Actualmente, Israel mantiene alrededor de 1.300 palestinos detenidos sin cargos, y desde el inicio del conflicto en octubre, aproximadamente 5.000 palestinos fueron liberados tras haber estado bajo custodia.