Israel crea un tribunal militar para juzgar a sospechosos del ataque de Hamás

El Parlamento israelí (Knesset) aprobó el lunes, con 93 votos a favor y sin votos en contra, una ley que establece un tribunal militar especial para juzgar a los palestinos acusados de participar en el ataque de Hamás ocurrido el 7 de octubre de 2023.

Esta nueva legislación prevé la creación de un tribunal dentro del sistema de justicia militar, destinado a juzgar a aproximadamente 300 atacantes que fueron capturados por las fuerzas de seguridad en Israel durante la invasión y que actualmente están detenidos, según informaron medios israelíes como Times of Israel y Jerusalem Post.

El ministro de Justicia, Yariv Levin, consideró la aprobación de la ley como "uno de los momentos más importantes de la actual Knesset. Se percibe que estamos haciendo lo correcto al encontrar la manera de unirnos en este momento, incluso en vísperas de las elecciones y a pesar de todos los desacuerdos existentes".

La legislación permite que el tribunal acuse a los agresores de diversos delitos, incluyendo genocidio según la Ley israelí de 1950 para la Prevención del Genocidio, atentado contra la soberanía israelí, instigación a la guerra, ayuda a un enemigo en tiempos de guerra y cargos de terrorismo bajo la ley israelí de 2016 para la lucha contra el terrorismo.

Las penas por genocidio podrían incluir la pena de muerte, una sentencia que no se ha llevado a cabo en Israel desde 1962, cuando fue ejecutado el criminal nazi Adolf Eichmann.

Además, la ley establece que ningún sospechoso, acusado o condenado por delitos cometidos el 7 de octubre podrá ser liberado mediante acuerdos de liberación de presos.

Esta ley ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos. Adalah, una organización que defiende los derechos de la minoría árabe en Israel, afirmó que "el proyecto de ley niega a los sospechosos las garantías procesales básicas esenciales para un juicio justo", según un comunicado citado por la agencia Xinhua.

Adalah también argumentó que cualquier sentencia de muerte resultante constituiría "una privación arbitraria de la vida, absolutamente prohibida por el derecho internacional y potencialmente un crimen de guerra".

El ataque del 7 de octubre dejó aproximadamente 1.200 muertos en Israel y provocó el secuestro de más de 250 personas, según cifras oficiales. Este evento desencadenó una operación militar masiva en Gaza que ha causado la muerte de al menos 72.737 personas, de acuerdo con las autoridades de salud en el enclave palestino.