Iowa y ciudadanos naturalizados alcanzan acuerdo sobre votación en 2024

DES MOINES, Iowa, EE.UU. — El principal funcionario electoral de Iowa, Paul Pate, y un grupo de ciudadanos naturalizados han llegado a un acuerdo en una demanda federal que evitará que el estado dependa únicamente de los registros de licencias de conducir para determinar la ciudadanía durante los tres meses previos a las elecciones.

La demanda fue presentada por ciudadanos estadounidenses naturalizados en octubre de 2024, quienes argumentaron que sus derechos al voto fueron vulnerados cuando se les pidió a los trabajadores electorales que impugnaran las papeletas de aproximadamente 2.000 votantes registrados, en un intento por prevenir el sufragio de personas que podrían no ser ciudadanos.

Una revisión de los registros electorales de Iowa el año pasado reveló que solo 35 personas que no eran ciudadanos de Estados Unidos estaban entre más de 1,6 millones de votantes que emitieron su voto en las elecciones de 2024, y 277 personas no ciudadanas estaban registradas para votar de un total de casi 2,3 millones. Aunque es ilegal que personas no ciudadanas voten, no se ha encontrado evidencia de que esto ocurra en grandes cantidades.

La oficina de Pate había comparado los registros electorales del estado con una lista de personas que se identificaron como no ciudadanos ante el Departamento de Transporte de Iowa. Esta lista fue enviada a los funcionarios electorales de los condados dos semanas antes de las elecciones, sin que se intentara contactar directamente a los votantes.

El republicano Pate había señalado que los datos del transporte eran la mejor fuente disponible para verificar la ciudadanía, ya que su oficina no tenía acceso a los registros federales de inmigración bajo la administración del presidente Joe Biden.

Sin embargo, un acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional durante el gobierno del presidente Donald Trump permite a Iowa realizar búsquedas de votantes utilizando nombres, fechas de nacimiento y números de Seguro Social a través del programa SAVE (Verificación Sistemática de Extranjeros para Beneficios).

Este programa fue una de las razones por las que Pate argumentó que la demanda debía ser desestimada, afirmando que la lista de votantes de 2024 había sido retirada y que las reclamaciones carecían de fundamento. El acuerdo estipula que esa lista no podrá ser utilizada para futuras impugnaciones ni para el mantenimiento de los registros electorales.

Los ciudadanos naturalizados acordaron retirar sus reclamaciones a cambio de este acuerdo, que fue presentado ante el tribunal el miércoles y aún debe ser aceptado por un juez federal. Rita Bettis Austen, directora jurídica de la ACLU de Iowa, calificó el acuerdo como una victoria, destacando que la mayoría de los votantes erróneamente incluidos en la lista son ciudadanos naturalizados con derecho a voto.

Por su parte, Pate y la fiscal general republicana de Iowa, Brenna Bird, consideran que el resultado es favorable, ya que ahora están utilizando bases de datos federales para verificar los registros electorales. Según documentos judiciales, la oficina del secretario de Estado utilizó el programa SAVE en su revisión del año pasado, que ha sido modernizado significativamente durante la administración de Trump.

Sin embargo, grupos defensores del derecho al voto han expresado preocupaciones sobre el uso de este programa, argumentando que podría llevar a la eliminación ilegal de votantes elegibles de los registros.