Exfiscales guatemaltecos denuncian colusión entre fiscalía y extrema derecha en caso Odebrecht

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — Tres exfiscales guatemaltecos y un abogado que investigaron el caso Odebrecht acusaron al Ministerio Público de Guatemala de coludirse con grupos de extrema derecha para generar impunidad para políticos y empresarios que recibieron sobornos de la constructora brasileña en el país centroamericano.

La controversia comenzó el lunes cuando el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche anunció que una Corte de Apelaciones dictó órdenes de detención para 26 exfiscales y para el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, junto con Luz Adriana Camargo, actual Fiscal General de Colombia.

Curruchiche los acusó de incurrir en presuntos delitos relacionados con la investigación sobre los sobornos de Odebrecht a políticos en Guatemala.

Reacción internacional

En respuesta a estos señalamientos, el presidente colombiano, Gustavo Petro, instruyó a su canciller, Laura Sarabia, a prohibir la entrada de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, y sus asociados, alegando que han menospreciado a ciudadanos colombianos y ofendido su dignidad.

Petro se une a más de 42 países, entre ellos Estados Unidos y la Unión Europea, que ya impusieron restricciones a la entrada de Porras y sus allegados. Estos indican que han obstaculizado la lucha anticorrupción y debilitado la democracia en Guatemala.

Cargos contra exfuncionarios

Los exfiscales, incluyendo a Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, firmaron un comunicado donde acusan a Curruchiche de colaborar con la Fundación Contra el Terrorismo en favor de políticos corruptos. Esta fundación, con vínculos a la ultraderecha, ha sido acusada de silenciar diversas investigaciones sobre corrupción.

Se alegó que la acción judicial en contra de estos exfiscales violó la competencia judicial y representó una doble persecución de casos previamente resueltos, además de ignorar normas internacionales sobre la CICIG.

La CICIG operó en Guatemala de 2007 a 2019 bajo el auspicio de la ONU y logró desmantelar diversas estructuras de crimen organizado, lo que incluyó juicios a altos funcionarios, incluyendo expresidentes y empresarios, por crímenes de corrupción e impunidad.

El caso Odebrecht fue investigado desde 2017 por el exfiscal Sandoval, quien acusó a varios exfuncionarios y políticos guatemaltecos por sobornos recibidos de la constructora brasileña. Sandoval, junto a otros ex fiscales, enfrenta persecuciones legales, lo que pone en riesgo su integridad y seguridad.

Su investigación logró llevar a la captura de Alejandro Sinibaldi, exministro de comunicaciones, y a la identificación de redes de lavado de dinero, mientras que otros como Manuel Baldizón, ex candidato presidencial, enfrentaron cargos en Estados Unidos. Sin embargo, los dos se encuentran libres actualmente.