Guatemala solicita arresto del exjefe de la CICIG y fiscal colombiano por Odebrecht

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El lunes, un tribunal en Guatemala dictó una orden de detención contra el exjefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, y la actual fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón. Ambos enfrentan acusaciones relacionadas con investigaciones iniciadas en 2017 sobre el pago de sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht a funcionarios guatemaltecos.

La solicitud provino del fiscal Rafael Curruchiche, quien ha sido objeto de sanciones por otros países por obstaculizar la lucha contra la corrupción y socavar la democracia. Curruchiche solicitó una orden de aprehensión a un tribunal de apelaciones, tras señalar a Velásquez y Camargo de formar parte de una supuesta “estructura criminal” que favoreció a los empresarios de Odebrecht, causando al Estado guatemalteco una pérdida de más de 3.000 millones de quetzales (cerca de 380 millones de dólares).

Acusaciones contra exfiscales

Curruchiche elaboró más sobre las acusaciones, indicando que además de Velásquez y Camargo, varios exfiscales guatemaltecos, incluidos Thelma Aldana y Juan Francisco Sandoval, también deberían ser detenidos.

En 2017, Sandoval viajó a Brasil para firmar convenios de colaboración con representantes de Odebrecht para resolver cuestiones legales sobre infraestructuras inconclusas por un monto de aproximadamente 400 millones de dólares. Estos acuerdos fueron autorizados por la jueza encargada del caso y contemplaban la declaración de los funcionarios de Odebrecht que habían entregado sobornos a cambio de la finalización de las investigaciones en su contra, según se ha informado.

Reacción de Iván Velásquez

Iván Velásquez respondió a las acusaciones a través de su cuenta en la red social X, enfatizando que la fiscal general guatemalteca y su fiscal Curruchiche, designados como corruptos y sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, extienden su persecución hacia él y Camargo. Él expresó su solidaridad con exfuncionarios guatemaltecos que han sido forzados al exilio debido a las acciones del Ministerio Público.

Por su parte, el gobierno guatemalteco expresó un fuerte rechazo a las órdenes de captura, las cuales catalogó como “irresponsables” y carentes de fundamento legal. La administración argumentó que estas acciones atentan contra el acuerdo establecido entre la ONU y Guatemala respecto a la creación de la CICIG, así como los principios de justicia y derecho internacional que deberían ser fundamentales.

Reacciones de Colombia

El gobierno colombiano, a través de su canciller Laura Sarabia, manifestó una “profunda preocupación” por las órdenes de captura y consideró que estas no solo carecen de fundamento jurídico, sino que constituyen un ataque a los principios de justicia internacional. Además, aseguró que Colombia ha activado canales diplomáticos para formalizar su rechazo a estas acciones.

Curruchiche también pidió la colaboración de Interpol para hacer efectivas las detenciones. Las investigaciones sobre Odebrecht en Guatemala, que datan de 2017, fueron inicialmente llevadas a cabo por el exfiscal Sandoval, quien ahora se encuentra en el exilio y acusa a las autoridades actuales de desviar la atención de los verdaderos responsables de los sobornos, enfocándose en quienes no poseen el poder de decisión.

Historia de la CICIG

La CICIG operó en Guatemala durante 12 años, hasta 2019. Durante su mandato, desarticuló estructuras criminales, llevando a juicio a numerosos funcionarios públicos y demostrando ser un elemento clave en la lucha contra la corrupción en el país. El fin de la CICIG ha sido objeto de debate en el contexto de este nuevo desarrollo del caso Odebrecht, que continúa generando tensiones políticas en la región.