Estados Unidos busca restringir la vivienda pública a ciudadanos, generando controversia

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) presentó el jueves una normativa que restringiría la vivienda pública principalmente a ciudadanos. Esta propuesta, según defensores de derechos humanos, podría resultar en el desalojo de decenas de miles de personas.

La norma, que será oficializada el viernes con su publicación en el Registro Federal, propone limitar la financiación de viviendas públicas y otros alojamientos relacionados con el HUD a ciudadanos y no ciudadanos elegibles. Todos los residentes de estas viviendas deberán presentar pruebas de ciudadanía o estatus elegible, incluso aquellos de 62 años o más, quienes anteriormente solo necesitaban demostrar su edad.

En efecto, esta medida excluiría a familias de estatus migratorio mixto, donde algunos miembros son elegibles para recibir asistencia. Este cambio se inscribe dentro de la estrategia del gobierno para endurecer la política migratoria. Durante la administración del expresidente Donald Trump, se había propuesto una norma similar que no llegó a implementarse, y ahora se menciona como una prioridad en el plan conservador Project 2025.

El secretario del HUD, Scott Turner, afirmó: "Bajo el liderazgo del presidente Trump, se acabaron los días en que extranjeros en situación ilegal, personas no elegibles y estafadores se aprovechaban del sistema y vivían a costa de los contribuyentes estadounidenses. La norma propuesta garantizará que todos los residentes de viviendas financiadas por el HUD sean inquilinos elegibles".

La norma se espera que entre en vigor en un futuro próximo, aunque el HUD no ha especificado el tiempo que tomará. La reacción de los defensores de la vivienda ha sido inmediata y crítica.

Shamus Roller, director ejecutivo del National Housing Law Project, destacó: "Nuestro país puede garantizar que cada uno de nosotros, sin importar de dónde venimos o qué idioma hablamos, tenga un hogar seguro. En cambio, Trump trata de desalojar a familias inmigrantes, ciudadanas y no ciudadanas, de viviendas del HUD."

Un informe del Center on Budget and Policy Priorities sugiere que hasta 20,000 familias, lo que equivale a 80,000 personas, podrían perder la asistencia debido a estos cambios en la elegibilidad. La norma afectaría a un gran número de personas que tienen dificultades para presentar la documentación requerida, ya que aproximadamente 3.8 millones de adultos ciudadanos carecen de cualquier tipo de documentación que verifique su estatus y otros 17.5 millones enfrentan dificultades para obtenerla.

"Todos merecen un hogar asequible, incluidos nuestros vecinos, amigos y compañeros de trabajo que son inmigrantes", afirmó Sonya Acosta, analista sénior de políticas del Centro. "Esta norma obligaría a 20,000 familias con estatus migratorios mixtos a tomar la angustiosa decisión entre perder la asistencia que les ayuda a pagar el alquiler o separar a su familia. Las personas sin un estatus migratorio documentado nunca han sido elegibles para recibir asistencia de alquiler".