Estados Unidos amplía sus zonas militarizadas en la frontera con México

COLUMBUS, Nuevo México, EE.UU. (AP) — Señales de advertencia en inglés y español, indicativas de prohibición de acceso, están esparcidas por el desierto de Nuevo México, donde un muro fronterizo se extiende por campos de cebolla y ranchos secos. Allí, mechones de hierba crecen entre arbustos delgados y yucas.

El Ejército estadounidense ha instalado miles de estas advertencias en Nuevo México y en el oeste de Texas, estableciendo “áreas restringidas bajo la autoridad del comandante”. Este cambio significativo ha llevado a una mayor vigilancia militar en la frontera con México.

Este dispositivo coloca amplios tramos de la frontera bajo supervisión desde bases militares cercanas, otorgando a las tropas la facultad de detener a las personas que ingresan sin autorización. Esta medida se lleva a cabo bajo la autoridad de una emergencia nacional en la frontera, declarada por el presidente Donald Trump en su primer día de mandato.

Las autoridades estadounidenses argumentan que estas áreas son cruciales para cerrar brechas en la vigilancia fronteriza y combatir redes de tráfico humano y cárteles de drogas.

La militarización es objeto de litigios y ha sido criticada por defensores de derechos civiles, organizaciones humanitarias y amantes de actividades al aire libre que se oponen a que se restrinja el acceso a tierras públicas mientras las tropas operan con mayor libertad. Abbey Carpenter, líder de un grupo de búsqueda de migrantes desaparecidos, advirtió que se está prohibiendo el acceso a áreas donde han aumentado las muertes de migrantes: “Quizás haya más muertes, pero no lo sabemos”.

Las dos zonas militarizadas ahora constituyen un área de interdicción a lo largo de 370 kilómetros de frontera, desde Fort Hancock, Texas, atravesando El Paso y extendiéndose a vastas tierras de ranchos en Nuevo México. La semana pasada, el Departamento de Defensa sumó una nueva zona de 400 kilómetros en el Valle del Río Grande de Texas y prevé otra cerca de Yuma, Arizona, lo que elevará el área militarizada a casi un tercio de la frontera entre EE.UU. y México.

Al menos 7.600 miembros de las fuerzas armadas están patrullando estas áreas, aumentando la presencia del gobierno estadounidense en la frontera. La reacción de la comunidad en el condado rural Luna, donde la cultura de libertad individual predomina, ha sido variada, ya que coexistieron preocupaciones sobre redes de tráfico con el deseo de preservar la libertad.

James Johnson, un agricultor de cuarta generación, manifestó su apoyo a la misión de seguridad fronteriza. Sin embargo, algunos cazadores y excursionistas temen ser excluidos de terrenos apreciados. “No quiero ir con mi fusil de caza y que alguien me diga que estoy en una zona militar”, comentó Ray Trejo, coordinador de la Federación de Vida Silvestre de Nuevo México.

El Ejército ha hablado sobre la posibilidad de permitir acceso público para actividades recreativas, manteniendo los derechos de pastoreo y otras actividades dentro de estas áreas. Sin embargo, más de 1.400 migrantes han sido acusados de ingresar a territorios militares, enfrentando penas de hasta 18 meses de prisión por una primera ofensa, además de un cargo de ingreso ilegal que puede conllevar hasta seis meses de detención.

Las recientes cifras indican una reducción drástica en los arrestos de la Patrulla Fronteriza, mientras que las primeras zonas militarizadas han rodeado parcialmente a Columbus, donde el cruce de migrantes ha sido raro. El alcalde de Columbus, Philip Skinner, ha notado que hasta ahora no ha habido interrupciones significativas en la comunidad.

El esquema de supervisión militar evoca la Ley Posse Comitatus de 1878, que impide que las fuerzas armadas actúen en funciones civiles. Sin embargo, los defensores de derechos humanos cuestionan la constitucionalidad de esta expansión militarizada y su potencial efecto en el futuro de las políticas fronterizas. “Estamos preocupados de que se proponga un enfoque más severo para la supervisión fronteriza”, indicó Rebecca Sheff, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles.