El Salvador renueva por 40ª vez el régimen de excepción y suma 87.000 arrestos

SAN SALVADOR (AP) — El Congreso de El Salvador, dominado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, aprobó el jueves la 40ª prórroga del régimen de excepción, que suspende las garantías constitucionales de los ciudadanos. Este periodo ha resultado en la detención de más de 87.000 individuos, acusados de asociarse con pandillas o de colaborar con estos grupos ilegales.

El gabinete de seguridad del presidente Bukele justificó la solicitud al resaltar la identificación de "intentos de reorganización" entre pandillas, así como hechos de tráfico de drogas y extorsiones.

La reciente extensión, que se mantendrá en vigor hasta el 3 de agosto, fue respaldada por 57 de los 60 legisladores. La diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, votó en contra, mientras que dos diputados del partido Arena se retiraron durante la votación.

Ante el asesinato de 62 personas en un solo día, el 27 de marzo de 2022, el Congreso aprobó la implementación del estado de excepción. Sin embargo, diversos organismos, tanto nacionales como internacionales, han señalado que esta medida ha llevado a serias violaciones de derechos humanos.

En agosto de 2024, el presidente Bukele dejó abierta la opción de abandonar esta medida, pero ha decidido continuarla, argumentando que la amenaza de las pandillas, que han azotado a El Salvador por más de 30 años, aún persiste.

De acuerdo a un informe presentado ante el Congreso, el gabinete de seguridad indicó que las políticas de seguridad han logrado una disminución significativa en el índice de homicidios y facilitaron la captura de más de 87.100 presuntos terroristas. En el último mes, se registraron 700 nuevas detenciones.

Aun así, el mismo Gobierno reconoció que el 90% de los detenidos están en prisión en espera de juicio y que 8.000 personas fueron liberadas por falta de pruebas.

Defensores de los derechos humanos advierten que hasta 25.000 inocentes podrían estar encarcelados.

Esta nueva prórroga continúa manteniendo la suspensión de derechos constitucionales, como el derecho a ser informado sobre las razones de la detención o a acceder a un abogado. Las fuerzas de seguridad también pueden intervenir las telecomunicaciones sin necesidad de orden judicial, además de extender el período de detención sin audiencia judicial de 72 horas a 15 días.