El Salvador admite control estadounidense sobre migrantes deportados a prisión

WASHINGTON (AP) — Funcionarios del gobierno de El Salvador admitieron ante investigadores de las Naciones Unidas que la administración Trump mantiene control sobre los hombres venezolanos deportados a una prisión en El Salvador, lo que contradice las declaraciones públicas de representantes de ambos países.

Esta revelación forma parte de documentos judiciales presentados el lunes por abogados que representan a más de 100 migrantes, quienes buscan impugnar sus deportaciones al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión conocida en el país.

Este es uno de varios casos que cuestionan las rigurosas políticas migratorias del ex presidente Donald Trump.

“En este contexto, la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, sostuvieron funcionarios salvadoreños en respuesta a un grupo de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Este grupo investiga lo ocurrido con los hombres enviados desde Estados Unidos a El Salvador a mediados de marzo, a pesar de que un juez estadounidense había ordenado que los vuelos se cancelaran.

La administración Trump argumentó que no tiene poder para repatriar a estos hombres, alegando que están fuera de la jurisdicción de los tribunales estadounidenses y que ya no cuentan con derechos de debido proceso u otras garantías constitucionales.

Sin embargo, los abogados de los migrantes afirman que el informe de la ONU desmiente esta postura.

“El Salvador ha confirmado lo que nosotros y todos los demás entendíamos: es Estados Unidos quien controla lo que sucede con los venezolanos que languidecen en el CECOT. Sorprendentemente, el gobierno estadounidense no brindó esta información ni a nosotros ni al tribunal”, señaló Lee Gelerent, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), en un correo.

Skye Perryman, directora ejecutiva de Democracy Forward, enfatizó que los documentos demuestran que la administración no fue honesta con el tribunal ni con el pueblo estadounidense. Tanto la ACLU como Democracy Forward están representando a los migrantes en el caso.

Los funcionarios de la administración no comentaron sobre estas acusaciones en el momento.

En marzo, se acordó que la administración estadounidense pagaría 6 millones de dólares para que El Salvador albergara a 300 migrantes, un acuerdo que generó controversia debido a que Trump invocó una ley de guerra del siglo XVIII para expulsar rápidamente a hombres que el gobierno acusa de pertenecer a la banda venezolana Tren de Aragua.

En un caso paralelo, se error envió a Kilmar Ábrego García a la misma prisión, a pesar de una orden judicial que prohibía su deportación a El Salvador. Inicialmente, la administración negó seguir órdenes judiciales para traerlo de regreso, alegando que ya no estaba bajo custodia estadounidense. Finalmente, Ábrego García fue devuelto a Estados Unidos, donde enfrenta cargos de tráfico de personas mientras continúan sus batallas legales.

El mes pasado, una coalición de grupos defensores de inmigrantes presentó una demanda para anular el acuerdo carcelario con El Salvador, argumentando que este arreglo violaba la Constitución al dejar a los migrantes fuera del alcance de los tribunales estadounidenses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de inteligencia artificial generativa.