El Departamento de Justicia busca reactivar el caso penal de Kilmar Ábrego García en EE.UU.

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. — El Departamento de Justicia está tomando medidas para reactivar los cargos penales contra Kilmar Ábrego García. Recientemente, el departamento informó a un tribunal federal de apelaciones que un juez cometió un error al calificar de "abuso de poder" el caso del hombre que fue deportado erróneamente a una prisión en El Salvador.

El gobierno federal está apelando una decisión del juez federal de distrito Waverly Crenshaw, quien en mayo desestimó los cargos de tráfico de personas contra el ciudadano salvadoreño. Este fallo fue visto como una fuerte crítica a un Departamento de Justicia que, durante la administración del expresidente Donald Trump, fue acusado de utilizar la justicia con fines políticos.

El juez Crenshaw dictaminó que Ábrego García no habría enfrentado cargos penales si no hubiera demandado exitosamente al gobierno por su deportación en 2025. Esta decisión fue un golpe para el gobierno de Trump, que solo había decidido repatriarlo tras conseguir una acusación formal.

Crenshaw no concluyó que el gobierno actuó con "saña real", un estándar que requiere pruebas contundentes, como la admisión de un fiscal sobre la presentación de cargos por represalia. Sin embargo, sí consideró que había suficientes indicios de "presunta saña", como el momento en que se presentó la acusación formal.

El Departamento de Seguridad Nacional había estado al tanto de la detención por tráfico de personas en Tennessee, que sirvió como base para los cargos, más de dos años antes de que Ábrego García fuera deportado. La agencia reabrió el caso y comenzó a investigar en serio solo después de que se ordenara su regreso a Estados Unidos.

En un documento presentado ante el Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito, los fiscales federales argumentaron que Crenshaw se equivocó. Según ellos, las declaraciones del secretario de Justicia Todd Blanche demostraban que el Departamento de Justicia tenía motivos legítimos para procesar a Ábrego García, reflejando una "evaluación normal del interés social en el castigo", no una "penalización indebida".

El documento señala que las declaraciones de Blanche indicaron que el gobierno buscaba proteger al público y confirmar sus afirmaciones previas sobre la actividad delictiva de Ábrego García.

A pesar de que las declaraciones de Blanche podrían reflejar animosidad hacia Ábrego García, los fiscales argumentan que esto es irrelevante, ya que el verdadero autor de los cargos fue el entonces fiscal federal interino para el Distrito Medio de Tennessee, Rob McGuire. Este argumento fue rechazado por Crenshaw.

El fallo de Crenshaw también destacó la supervisión continua del caso por altos funcionarios del Departamento de Justicia, incluyendo comunicaciones regulares entre McGuire y el fiscal Aakash Singh, lo que llevó a la conclusión de que el caso penal estaba completamente contaminado. Crenshaw también notó que los fiscales nunca llamaron como testigo al investigador que reabrió el caso para explicar su decisión.

Ábrego García, de 31 años, es un ciudadano salvadoreño que ha vivido en Maryland durante años, aunque ingresó ilegalmente a Estados Unidos cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración prohibió su deportación a El Salvador, al determinar que tenía un "temor bien fundado" de una pandilla que había atacado a su familia. El juez le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, pero no le otorgó estatus de residencia.

Al no poder volver a deportar a Ábrego García a El Salvador, el gobierno de Trump ha prometido enviarlo a un tercer país como Uganda, Esuatini, Ghana y más recientemente Liberia. Ábrego García ha expresado su disposición a ser deportado a Costa Rica, que ha indicado que lo aceptará, pero hasta el momento el gobierno no ha accedido a enviarlo allí.

En la actualidad, Ábrego García está combatiendo su deportación a Liberia en un caso federal separado en Maryland.