Exiliados de Centroamérica exponen a la CIDH la persecución política en sus países

CIUDAD DE GUATEMALA — Un grupo de exiliados provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua hizo una denuncia formal el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), revelando la grave situación de persecución política y la ausencia de garantías en los procesos judiciales que enfrentan en sus países. Este grupo incluye a exfuncionarios de justicia, defensores de los derechos humanos y periodistas.

La audiencia se llevó a cabo durante el 196 período de sesiones de la CIDH, un organismo que forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en la región. El abogado Alejandro Rodríguez, quien representa a los exiliados, afirmó que el exilio forzado es una clara violación a los derechos humanos, ya que obliga a las personas a abandonar su país para salvaguardar su vida, libertad e integridad ante actos de criminalización y violencia.

La exfiscal guatemalteca Flor Galvez, también exiliada, subrayó que dejar el país no es una decisión voluntaria, sino una necesidad para sobrevivir frente a riesgos concretos, lo que refleja el deterioro democrático en la región. Por su parte, David Gaitán, exabogado de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), compartió su experiencia, señalando que el exilio es un mecanismo de neutralización que impide la investigación de la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Gaitán trabajó durante 12 años en la lucha contra el crimen organizado y ha sufrido persecución por haber llevado ante la justicia a implicados en actos de corrupción.

El exfiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval instó a la CIDH a exigir a los gobiernos investigar los hechos que han llevado a estas situaciones de exilio, terminar con la criminalización de la disidencia, anular las órdenes de arresto contra exoperadores de justicia y reparar los daños sufridos. En mayo del año anterior, la Relatora Especial sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, Margaret Satterthwaite, había denunciado la política de criminalización de la fiscalía guatemalteca, liderada en ese momento por Consuelo Porras, contra colectivos que denuncian la corrupción.

Gabriela Mundo, de la Fundación para el Debido Proceso, habló en representación de los exiliados salvadoreños y hondureños, indicando que su situación es resultado del deterioro democrático y la instrumentalización de las instituciones. Según Mundo, los regímenes de excepción han intensificado la crisis y debilitado el debido proceso. Investigaciones recientes en El Salvador han documentado que 245 críticos del gobierno han sufrido persecución judicial y más de 130 defensores han sido forzados al exilio desde 2019.

En representación de los exiliados nicaragüenses, Yubelca Mendoza destacó que el perfil de los exiliados es diverso, incluyendo feministas, activistas, defensores de derechos humanos y periodistas. Mendoza señaló que más de 300 periodistas han tenido que abandonar el país, dejando a Nicaragua sin medios de comunicación en funcionamiento. Además, expresó su preocupación por la seguridad de los exiliados en países como México y Honduras, donde se han documentado ataques físicos y asesinatos con motivaciones políticas.