El Congreso de El Salvador extiende el régimen de excepción para combatir pandillas

SAN SALVADOR — El Congreso salvadoreño decidió el martes extender el régimen de excepción que suspende ciertas garantías constitucionales, como parte de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele en su lucha contra las pandillas. Esta medida, cuestionada por organizaciones de derechos humanos, se implementa con el objetivo de erradicar los "remanentes" de estos grupos criminales.

Con esta 48va. prórroga, que estará vigente desde el 2 de marzo hasta el 31 de marzo de 2026, se cumplen cuatro años de la política de mano dura del gobierno, que ha declarado una "guerra sin cuartel" contra las maras o pandillas que han generado miedo y violencia en la población salvadoreña durante más de tres décadas.

En la solicitud para extender esta medida, el gabinete de Seguridad indicó que ha logrado capturar a pandilleros y ha decomisado armas de fuego y drogas, así como detenido a individuos supuestamente vinculados a extorsiones y a "miembros remanentes" de las pandillas, quienes intentan ocultar sus conexiones con estos grupos.

Durante el debate en el Congreso, donde el partido de Bukele tiene mayoría, se ausentaron los dos diputados de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena), partido opositor.

El jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, expresó que "las pandillas están debilitadas, pero existen", advirtiendo sobre el riesgo de un regreso de estos grupos "con mayor agresividad" si no se continúa combatiéndolos.

Esta medida se implementó tras un episodio de violencia extrema en 2022, cuando las pandillas asesinaron a 62 personas en un solo día. Desde entonces, el Congreso aprobó el régimen de excepción a solicitud de Bukele, quien argumentó que las pandillas operaban en el 90% del territorio y eran responsables de extorsiones y asesinatos.

El régimen de excepción implica la suspensión de derechos fundamentales, como el derecho a ser informado de los motivos de detención y el acceso a un abogado. Las fuerzas de seguridad tienen la capacidad de intervenir telecomunicaciones sin orden judicial, y el tiempo de detención sin audiencia se ha extendido de 72 horas a 15 días.

Como parte de esta estrategia, el Congreso también aprobó reformas al Código Penal, estableciendo como delito el pertenecer a una banda delictiva, con penas que van de 20 a 40 años, y hasta 60 años para los cabecillas.

Desde la implementación del régimen, las autoridades han informado sobre la captura de 91.300 personas acusadas de pertenecer a pandillas o tener vínculos con ellas. Según Bukele, 8.000 de estas personas fueron liberadas al demostrar su inocencia.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han reportado más de 6.000 denuncias de abusos y documentado al menos 488 muertes bajo custodia de las autoridades desde que se instauró el régimen de excepción.