Se disuelve la agrupación que aboga por la despenalización del aborto en El Salvador

SAN SALVADOR — La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto de El Salvador anunció el lunes su disolución como entidad legalmente constituida y su reestructuración como un movimiento regional de activismo. Esta decisión se produce tras la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros, impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Este es el quinto cierre de una asociación no gubernamental en El Salvador, tras el anuncio en julio de 2025 de que Cristosal, la principal organización de derechos humanos del país, dejaría de operar debido a un creciente acoso y amenazas jurídicas por parte del gobierno. En octubre, la Asociación de Periodistas de El Salvador optó por trasladar su personería jurídica a otro país para continuar defendiendo la libertad de expresión y de prensa. Otras organizaciones que también han tomado medidas similares incluyen la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Sociales (Fudecso) y la Fundación Heinrich Böll.

La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en el Congreso, establece un impuesto del 30% a las ONG y asociaciones sociales sobre los fondos o donaciones provenientes del exterior, y exige un registro de inscripción. Además, otorga amplias facultades al Registro de Agentes Extranjeros, una nueva oficina bajo el Ministerio de Gobernación, para determinar los requisitos que deben cumplir las asociaciones.

En un comunicado, la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto explicó que la aprobación de esta ley hizo incompatible su trabajo con la estructura de una organización no gubernamental. En los últimos años, la persecución a periodistas y defensores de derechos humanos se ha intensificado, lo que llevó a la agrupación a reconocer que los retrocesos democráticos en el país se están profundizando.

Durante más de dos décadas, la organización se dedicó a defender a mujeres criminalizadas por abortar, logrando la libertad de 80 mujeres en ese tiempo. Su objetivo fue visibilizar el impacto de la penalización absoluta del aborto, que afecta principalmente a mujeres en situación de pobreza.

Tras su disolución formal, el colectivo continuará su labor bajo el nombre de La Movimienta Regional por el Derecho al Aborto y las Maternidades Elegidas. La legislación salvadoreña penaliza toda forma de aborto, incluso el terapéutico, y castiga tanto a las mujeres como a los médicos que lo practiquen, con penas que van de dos a ocho años de prisión. En muchos casos, el delito se clasifica como homicidio agravado, lo que puede llevar a condenas de entre 30 a 50 años.