EEUU solicita desestimar demanda por tiroteo en Maine que involucra al Ejército

PORTLAND, Maine, EE.UU. — El gobierno estadounidense ha solicitado que un juez desestime la demanda presentada por sobrevivientes y familiares de las víctimas del tiroteo más letal en Maine, argumentando que el Ejército no tuvo la obligación de intervenir antes de los asesinatos.

Las familias afirman que hubo negligencia por parte del gobierno al no actuar ante señales de que el tirador, un reservista del Ejército, presentaba problemas psicológicos. En octubre de 2023, el tirador, un hombre de 40 años, abrió fuego en una bolera y un bar en Lewiston, resultando en la muerte de dieciocho personas. Un informe de una comisión independiente, designada por el gobernador de Maine, concluyó que hubo múltiples oportunidades para la intervención tanto del Ejército como de las fuerzas del orden.

En un documento presentado el jueves en el tribunal federal de Maine, el gobierno instó a que se desestime la demanda, alegando que el tribunal no tiene autoridad para escuchar el caso y que los reclamos de las familias no cumplen con los estándares legales necesarios para avanzar.

La demanda sostiene que el Ejército no investigó adecuadamente la salud mental del tirador. Sin embargo, el gobierno argumenta que el tirador es "el único responsable" de sus actos y que el gobierno no debería ser considerado culpable de sus acciones.

Los abogados que representan a un centenar de sobrevivientes y familiares de las víctimas presentaron la demanda el año pasado y la reintrodujeron en septiembre tras un informe que señalaba fallas en el Departamento de Defensa por no informar sobre amenazas violentas por parte de miembros del servicio.

"La moción del gobierno era esperada y refleja una negación de la responsabilidad legal de proteger a la comunidad. Esperamos presentar nuestra respuesta", expresaron los abogados Travis Brennan y Ben Gideon en un comunicado.

La demanda acusa al Ejército, al Departamento de Defensa y al Hospital Militar Keller de negligencia, y nombra al gobierno de Estados Unidos como el demandado. Se alega que no se tomaron en cuenta las señales de advertencia y una amenaza explícita de un tiroteo masivo por parte del tirador, Robert Card.

Card fue encontrado muerto por suicidio dos días después del ataque. Los abogados sostienen que el Ejército no actuó a pesar de estar al tanto del deterioro de la salud mental de Card, quien había sido hospitalizado y presentaba síntomas de paranoia y delirios, incluso elaborando una lista de personas que quería matar.

Los tiroteos en Lewiston llevaron a la implementación de nuevas leyes sobre armas en Maine, un estado con una fuerte tradición de caza y posesión de armas. Estas leyes han generado acciones legales por parte de defensores de los derechos de armas y continúan siendo un tema polémico más de dos años después.