Demandan en Utah para frenar centro de detención de inmigrantes

Un condado en Utah ha presentado una demanda con el objetivo de impedir que el Departamento de Seguridad Nacional transforme un amplio almacén en un centro de detención para inmigrantes. Esta acción legal se registró el lunes en un tribunal federal, marcando un nuevo capítulo en la oposición a los planes gubernamentales de establecer centros de detención sin el debido diálogo con las autoridades locales.

El proyecto del gobierno se basa en la compra de un inmueble que representa la mayor inversión realizada por el Departamento de Seguridad hasta el momento, alcanzando la cifra de 145,4 millones de dólares. Este almacén, que cuenta con una superficie de 77.388 metros cuadrados, tiene la capacidad de albergar hasta 10.000 inmigrantes, un espacio comparable a 15 campos de fútbol americano. La adquisición, llevada a cabo en marzo, fue realizada a un grupo de desarrolladores inmobiliarios parcialmente asociado con Deutsche Bank, y su costo fue casi un 50% superior al valor de mercado estimado para 2025, de acuerdo a documentos oficiales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha adquirido un total de 11 almacenes por más de 1.000 millones de dólares entre enero y marzo, durante las últimas semanas del mandato de la exsecretaria Kristi Noem. Este plan, que tiene un presupuesto de 38.300 millones de dólares, busca implementar un nuevo modelo de detención que aumente la capacidad de camas y agilice los procesos de deportación. Sin embargo, la Oficina del Inspector General del DHS ha iniciado una investigación para determinar si este plan representa un despilfarro de recursos, mientras que el nuevo secretario, Markwayne Mullin, ha decidido pausar el proyecto.

La demanda presentada en Utah sostiene que el DHS ha infringido la ley federal al no realizar las revisiones ambientales necesarias ni consultar a funcionarios estatales y locales antes de proceder con la compra del inmueble.

La alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, expresó su preocupación al afirmar: "Este tipo de instalación no tiene cabida en Salt Lake City, no solo por su naturaleza inhumana, sino también por nuestro suministro limitado de agua y la presión adicional que ejercería sobre los servicios públicos, además de los impactos drásticos que tendría en la salud y seguridad públicas de nuestros residentes."

Por su parte, la alcaldesa del condado de Salt Lake, Jenny Wilson, también se manifestó en contra del plan, calificándolo como una grave amenaza a los valores de la comunidad y advirtiendo sobre la posible saturación de la infraestructura, el impacto negativo en los negocios y el riesgo para la salud y seguridad pública.

Un grupo activista recién formado, Uproar Utah, planea realizar una conferencia de prensa para discutir el litigio contra esta propuesta. Hasta el momento, la oficina de prensa del DHS no ha emitido comentarios sobre el tema.

Acciones legales similares han surgido en otros estados, algunas de las cuales han tenido éxito. En Pensilvania, la administración del gobernador demócrata Josh Shapiro ha emitido órdenes que bloquean la operación de dos centros de detención hasta que el DHS demuestre el cumplimiento de las regulaciones ambientales. El DHS está apelando estas órdenes.

En Maryland, un juez ha concedido una orden judicial preliminar que suspende la construcción de un almacén mientras se resuelve una demanda. En Nueva Jersey, el Servicio de Inmigración y Aduanas está llevando a cabo una nueva evaluación ambiental tras una demanda relacionada con un centro de detención en Roxbury. Otros casos similares están en curso en Arizona, Michigan y Georgia.