Corte Suprema exige a Costa Rica liberar migrantes deportados desde EE.UU. en 15 días

SAN JOSÉ (AP) — La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica determinó que otorgará un plazo de 15 días a las autoridades migratorias para definir la situación legal de aproximadamente 30 migrantes que fueron deportados desde Estados Unidos en febrero. Estos individuos permanecen sin poder salir de un centro de atención temporal para migrantes.

El fallo, emitido por la sala constitucional del alto tribunal, se produjo tras analizar un recurso de habeas corpus presentado por organizaciones locales e internacionales, así como por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, en favor de 28 migrantes que ingresaron al país desde Estados Unidos y que fueron retenidos en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem), cercano a la frontera con Panamá.

De acuerdo con un acuerdo entre los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos, el país centroamericano aceptó la llegada de 200 migrantes deportados, la mayoría de ellos originarios de África y Asia, de los cuales había 81 menores. La gran mayoría fue posteriormente enviada de regreso a sus países de origen.

La Dirección de Migración y Extranjería confirmó que en el Catem aún permanecen 28 migrantes provenientes de Armenia, Rusia, Turquía, Afganistán, Irán y Azerbaiyán. La Corte Suprema indicó que se debe clarificar su estatus migratorio en los próximos 15 días y, a continuación, proceder con su liberación.

En virtud de este recurso de habeas corpus, los demandantes cuestionaban la privación de libertad de quienes ingresaron al centro temporal, argumentando que se les retiraron sus documentos de identidad y que no recibieron información adecuada sobre su situación, limitando su contacto con el exterior y la posibilidad de regularizar su situación migratoria.

En respuesta, Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director de Migración, explicó que de las 200 personas que llegaron a Costa Rica en febrero, 132 retornaron a sus países de manera voluntaria; otros han solicitado refugio y ya han abandonado el Catem. Sostuvo que no es cierto que estas personas estuvieran privadas de libertad.

Además, aseguró que las personas involucradas tienen un estatus migratorio definido como “condición humanitaria”, afirmando que las pautas del tribunal se alejan de la realidad de lo sucedido. La sala constitucional ratificó que sí se vulneró el derecho fundamental a la libertad de los migrantes y constató que no se les proporcionó información oportuna sobre su estatus migratorio, impidiendo el contacto con los medios de comunicación y la posibilidad de solicitar refugio.

La Corte también estipuló que, dentro del mismo plazo, se debe evaluar la situación individual de cada migrante y coordinar con las entidades públicas competentes qué tipo de asistencia en salud, educación, vivienda y otros recursos sociales requerirán del Estado.