Corte Suprema de EE.UU. restringe poderes de jueces para emitir órdenes nacionales

WASHINGTON (AP) — El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos lanzó un fallo dividido en el que decidió que los jueces individuales no tienen la autoridad para emitir órdenes judiciales de carácter nacional. Esta resolución genera incertidumbre sobre las restricciones impuestas por el presidente Donald Trump respecto a la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Este fallo se considera una victoria para el mandatario republicano, quien había denunciado que ciertos jueces obstaculizaban sus políticas.

Aunque una mayoría conservadora de la Corte dejó la puerta abierta para que las reformas sobre ciudadanía por derecho de nacimiento continúen siendo bloqueadas a nivel nacional, la orden de Trump busca negar la ciudadanía a aquellos nacidos en Estados Unidos de padres que se encuentran en el país sin autorización.

El principio de ciudadanía por derecho de nacimiento otorga automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquier niño nacido en el país, incluyendo a aquellos cuyas madres están en situación irregular. Este derecho quedó establecido poco después de la Guerra Civil con la 14ta Enmienda de la Constitución.

Una histórica decisión de la Corte en 1898, en el caso Estados Unidos contra Wong Kim Ark, determinó que solo los hijos de diplomáticos y de enemigos en ocupación hostil no reciben automáticamente la ciudadanía al nacer en territorio estadounidense.

Actualmente, Estados Unidos se encuentra entre aproximadamente 30 países que aplican la ciudadanía por derecho de nacimiento, siendo esta práctica común en América, donde se incluyen Canadá y México.

Trump y sus aliados argumentan que deberían establecerse requisitos más estrictos para la obtención de la ciudadanía estadounidense, calificando el acceso a este derecho como un "regalo invaluable" según su orden ejecutiva del primer día en el cargo.

El gobierno de Trump sostiene que los hijos de personas no ciudadanas no están "sujetos a la jurisdicción" de EE.UU., argumento utilizado en la enmienda, lo que les impediría acceder a la ciudadanía. Sin embargo, los estados y grupos de derechos que han demandado para bloquear esta orden acusaron al gobierno de intentar desestabilizar el consenso sobre la comprensión de la ciudadanía por derecho de nacimiento, que ha sido aceptada desde la adopción de la enmienda.

Los fallos judiciales han sido, en su mayoría, contrarios a las posturas del gobierno federal.

Desde el Departamento de Justicia, se argumentó que los jueces individuales no poseen poder para aplicar sus sentencias a escala nacional.

En este contexto, el gobierno buscaba que los jueces permitieran que la política del presidente se implementara a amplia escala, excepto para un pequeño grupo de demandantes. En caso de no lograrse, el ejecutivo remarcó que la política podría seguir bloqueada en los 22 estados que presentaron la demanda, mientras que New Hampshire tiene una orden diferente no relacionada con este caso.

Como respaldo adicional, el gobierno solicitó "como mínimo" la autorización para realizar anuncios públicos sobre cómo planea implementar la política si se le da luz verde.

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Esta noticia fue traducida del inglés por un editor de AP con apoyo de inteligencia artificial generativa.