Colombia: Tribunal anula decreto que llama a una consulta sobre derechos laborales

BOGOTÁ (AP) — Un tribunal de alto rango en Colombia suspendió el miércoles el decreto que permitía al presidente Gustavo Petro convocar a los ciudadanos a participar en una consulta popular referente a los derechos laborales. Esta decisión ha generado un importante debate sobre su validez legal y se ha transformado en el núcleo de la discusión política actual en el país.

La suspensión adoptada es provisional y se enmarca dentro de una “medida cautelar de urgencia”, a la espera de que el Consejo de Estado se pronuncie sobre una demanda presentada por senadores de oposición. Estos legisladores piden que el decreto que convoca a la consulta sea declarado nulo, argumentando que contradice la Constitución Política.

El presidente Petro, quien se ha convertido en el primer mandatario de izquierda de Colombia, firmó el 11 de junio un decreto que buscaba habilitar una consulta popular, un mecanismo de participación ciudadana, para que el 7 de agosto los colombianos se pronuncien sobre si desean modificaciones en el sistema laboral.

Sin embargo, los demandantes sostienen que Petro emitió el decreto ignorando una decisión previa del Senado, que había rechazado la convocatoria mediante una votación ajustada de 49 votos en contra y 47 a favor. El gobierno desestimó este resultado, alegando que hubo “fraude” en el proceso de votación, una afirmación que fue desmentida por la mesa directiva del Senado.

A raíz de esta situación, se ha suscitado un intenso debate jurídico sobre tanto la votación en el Senado como sobre la decisión gubernamental de impulsar la consulta popular.

El Consejo de Estado ha recibido una demanda de senadores opositores, incluidos figuras como Efraín Cepeda, presidente del Senado, quien dirigió la votación relacionada con la consulta. A su vez, el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, afirmó a la prensa que, a su juicio, el Senado incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad que no pueden ser subsanados, lo que legitimaría al presidente para convocar a la población a través de un decreto.

Desde la proposición de la consulta popular, Petro ha intentado movilizar a los ciudadanos ante el rechazo del Congreso a una reforma laboral. Esta reforma se plantea como una mejora para las condiciones laborales, al reducir la jornada diurna, aumentar los recargos por trabajo en domingos y feriados, y priorizar los contratos indefinidos.

No obstante, mientras Petro promovía la consulta, el Congreso optó por revivir la discusión de la reforma laboral, en un giro inusual pero válido, apelando a la decisión de su anterior rechazo. Ayer, el Senado aprobó en un último debate la reforma laboral, logrando la mayoría de los cambios exigidos por el gobierno y también por las centrales obreras.

Ahora queda la tarea para las cámaras del Congreso de conciliar las diferencias en los textos aprobados antes del 20 de junio, de forma que la reforma pueda ser presentada para la sanción presidencial y devenir en ley. Petro ha expresado que, si el texto final contiene las mejoras que demanda “el pueblo”, anulará el decreto y desistirá de la convocatoria a la consulta popular.