Arabia Saudí alcanza cifra histórica de ejecuciones, destacando los casos de drogas

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Las ejecuciones en Arabia Saudí alcanzaron un nivel sin precedentes el año pasado, según un informe de Amnistía Internacional divulgado el lunes. Activistas enfatizan la creciente preocupación por el uso de la pena de muerte en el país, particularmente en casos de drogas no violentas.

Un total de 345 personas fueron ejecutadas en 2022, la cifra más alta registrada por Amnistía en más de 30 años de seguimiento. En los primeros seis meses de 2023, ya se habían llevado a cabo 180 ejecuciones, lo que sugiere que este récord podría ser superado.

Aproximadamente dos tercios de los condenados eran personas sentenciadas por delitos relacionados con drogas, según el grupo activista Reprieve. Amnistía ha expresado también su inquietud ante estas ejecuciones en situaciones que involucran drogas.

El gobierno saudí no ha proporcionado explicaciones sobre el aumento en el uso de la pena capital. Funcionarios del país no respondieron a las consultas de The Associated Press respecto a las ejecuciones y el uso de la pena de muerte en casos de drogas no letales.

A pesar de esto, los pronunciamientos del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, contrarrestan esta tendencia. En 2022, afirmó que había restringido la pena de muerte únicamente a los casos de homicidio, señalando: "Nos deshicimos de todo, excepto de una categoría, que está escrita en el Corán".

Arabia Saudí se une a varios países de Oriente Medio que imponen la pena de muerte por delitos relacionados con drogas, posicionándose como uno de los principales ejecutores a nivel mundial, solo superado por China e Irán. El uso de la pena de muerte específicamente en casos de drogas parece estar elevando estas cifras alarmantes.

Amnistía informó sobre 25 ciudadanos extranjeros actualmente en el corredor de la muerte o recientemente ejecutados por delitos relacionados con drogas. En estos casos, se encontró que los condenados no tenían un adecuado conocimiento del sistema legal ni de sus derechos, y sufrieron de escasa o nula representación legal. Los ciudadanos extranjeros enfrentaron aún más dificultades para acceder a juicios justos.

Un caso representativo es el de Essam Ahmed, un egipcio que desapareció en 2021 mientras trabajaba en un barco pesquero en el Sinaí. Un mes después, su familia fue notificada de su detención en Arabia Saudí y de su condena a muerte por tráfico de drogas. Ahmed sostiene que fue obligado por el propietario del barco a transportar un paquete bajo amenaza de muerte.

"Cada mañana, vivimos con miedo", declaró un pariente de Ahmed, quien pidió no ser identificado por temor a represalias. "Tememos que se lo lleven para ejecutarlo sin previo aviso". Otro miembro de la familia manifestó: "La muerte sería incluso un alivio. Ni siquiera nos dieron la oportunidad de defenderlo y no sabemos qué hacer".

Las ejecuciones continúan a la par de las reformas económicas que Arabia Saudí está implementando, como su iniciativa “Visión 2030”.

En años previos, grupos de derechos humanos han criticado el historial del país en este ámbito. Si bien han habido cambios sociales, los arrestos de activistas por los derechos de las mujeres persisten. A pesar de una moratoria anunciada en 2021 sobre ejecuciones por delitos relacionados con drogas, esta fue levantada tras menos de tres años sin explicación.

Jeed Basyouni, director del programa de Oriente Medio y África del Norte de Reprieve, enfatizó que el príncipe Mohammed podría reformar rápidamente las políticas de ejecución si así lo deseara: "El príncipe podría implementar indultos masivos y reescribir las leyes para alinearlas con el derecho internacional".

Los esfuerzos por aparentar un reino más tolerante y abierto ocultan un estado con tendencias autoritarias, donde las ejecuciones por delitos relacionados con drogas se han vuelto cotidianas.