Acusan a "Alcatraz de los caimanes" en Florida de castigar a detenidos que buscan ayuda legal

FORT MYERS, Florida, EE.UU. — Dos hombres que estuvieron detenidos en un centro de inmigrantes en los Everglades de Florida, apodado "Alcatraz de los caimanes", testificaron el miércoles sobre las represalias que enfrentan al intentar obtener ayuda legal. Ambos relataron que debían escribir los números de teléfono de sus abogados en las paredes y camas con jabón debido a la falta de acceso a bolígrafos y papel.

Los testimonios fueron presentados en un tribunal federal en Fort Myers, donde los dos hombres, uno deportado a Colombia y el otro enviado de regreso a Haití, afirmaron que sus llamadas monitoreadas se interrumpían cada vez que mencionaban la búsqueda de asesoría legal.

La audiencia, que se desarrolló durante dos días, tuvo como objetivo que la jueza federal de distrito, Sheri Polster Chappell, emitiera una orden que garantizara a los detenidos en la instalación de los Everglades el mismo acceso a sus abogados que tienen aquellos en centros administrados por el gobierno federal. Este centro fue inaugurado el verano pasado en una pista de aterrizaje remota bajo la administración del gobernador Ron DeSantis.

En su demanda, los detenidos alegan que sus derechos, según la Primera Enmienda, están siendo vulnerados. Mencionan que sus abogados deben concertar citas con tres días de anticipación, a diferencia de otros centros donde pueden presentarse sin previo aviso. Además, denuncian que a menudo son trasladados a otras instalaciones justo después de que sus abogados han hecho una cita, lo que les impide reunirse antes de fechas límite importantes.

Durante la audiencia del miércoles, los exdetenidos testificaron de forma remota, utilizando traductores y manteniendo sus identidades en secreto. Uno de ellos relató que le solicitaron firmar documentos que no comprendía, que resultaron ser para autodeportarse, algo que temía hacer, ya que había solicitado asilo en EE.UU.

En otro momento, se le presentó un segundo conjunto de documentos que, según le explicaron, lo llevarían a autodeportarse a México, los cuales firmó por miedo a regresar a Haití. Al final, fue deportado a su país, según su testimonio.

Los funcionarios estatales demandados han negado las acusaciones de restringir el acceso de los detenidos a sus abogados, argumentando que todos los procedimientos se han establecido por razones de seguridad y para garantizar que haya suficiente personal. Por su parte, los funcionarios federales sostuvieron que no se están vulnerando los derechos de la Primera Enmienda.

“Cualquier política de la instalación respecto a las comunicaciones entre abogado y detenido es válida si responde a un interés penitenciario legítimo”, afirmaron los funcionarios.

El tercer testigo, Juan López Vega, subdirector de la oficina de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miami, intentó anular una citación que lo obligaba a comparecer ante el tribunal, aunque admitió que solo había visitado la instalación una vez.

El caso forma parte de tres demandas federales

El caso sobre el acceso al sistema legal es una de tres demandas federales que cuestionan las prácticas en el centro de detención. En otra demanda, se argumentó que la inmigración es un asunto federal y que las agencias estatales y los contratistas no tienen autoridad para operar la instalación conforme a la ley federal. Esta demanda finalizó a principios de este mes cuando el inmigrante que la presentó acordó ser retirado de EE.UU.

En la tercera demanda, un juez federal de Miami ordenó que la instalación redujera sus operaciones durante dos meses debido a la falta de revisión del impacto ambiental del centro de detención. Sin embargo, un panel de la corte de apelaciones suspendió temporalmente esa decisión, permitiendo que la instalación continuara funcionando.

Florida ha liderado la construcción de instalaciones para apoyar la ofensiva contra la inmigración del presidente Donald Trump. Además del centro de los Everglades, Florida inauguró otro en el noreste del estado y estudia crear una tercera instalación en el Panhandle.

Además de la instalación en los Everglades, otros centros de detención con problemas similares son los del ICE en la base del Ejército de Fort Bliss en El Paso, Miami, y otros en California City y Adelanto, ambos en California. Las quejas más comunes incluyen la alimentación inadecuada y la falta de acceso a abogados.

La población de detenidos del ICE, excluyendo la instalación de "Alcatraz de los caimanes" y otras administradas por el estado, se ha duplicado a aproximadamente 70,000 internos desde la llegada de Trump a la presidencia, impulsada por una inversión de 45,000 millones de dólares para la detención de inmigrantes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.