El Gobierno nacional denunció al titular de ATE por "atentado al orden"

El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, denunció penalmente al Secretario General de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, tras afirmar públicamente que “su trabajo es provocar la crisis de este gobierno”.

La cartera de Seguridad considera que estos dichos configuran una amenaza contra el orden constitucional y la vida democrática. En este contexto, el abogado Fernando Soto, Director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial, brindó un análisis legal en Cadena 3 sobre la presunta gravedad de los dichos del dirigente sindical.

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- ¿Cuál es la diferencia legal entre criticar las decisiones del Gobierno y la frase “nuestro trabajo es provocar la crisis de este gobierno” de Aguiar?

Una cosa es defender los derechos de los trabajadores o criticar las decisiones del Gobierno, que se llama libertad de expresión. Otra cosa muy distinta es decir lo que dijo Aguiar: “Mi trabajo, nuestro trabajo es provocar la crisis del gobierno”. ¿Provocar la crisis de un gobierno? Ya le hemos pasado a esto, lo hemos pasado el 2001 y perdemos todos los argentinos. La libertad de expresión tiene un límite, como todos los derechos, que terminan donde empiezan los derechos de los demás, que es la tranquilidad pública y el orden constitucional. Esto está en el Código Penal.

- ¿Qué dicen los artículos 226 y 226 bis del Código Penal en los que se basa la denuncia?

El artículo 226 castiga al que se alce en armas o afecte, aunque sea temporalmente, las facultades constitucionales de un gobierno, cometiendo un delito grave que es el atentado contra el orden constitucional. Ojo, que armas no es solamente tomar una ametralladora, armas es tirar 14 toneladas de piedras. El 226 bis dice: “El que amenazare con el atentado al orden constitucional tiene una pena” que actualmente es de uno a cuatro años. Nosotros decimos a la justicia: “miren, esto es lo que dijo y esto es lo que dice la ley”. Y consideramos que tiene toda la verosimilitud como para que se investigue.

- ¿Cómo se determina si la declaración de un dirigente es solo reprochable o si constituye un delito judiciable?

Si fuera una opinión charlando entre amigos, sería una cosa. El Código Penal exige, para estos casos, que la amenaza sea idónea y pública. El dirigente reunió los dos requisitos. Lo dijo a un número indeterminado de personas, lo hizo público. Y su amenaza es idónea porque ya lo hicieron. Ya vimos que movilizan a gente para encender, prender fuego patrulleros, sus propios móviles de Cadena 3 lo prendieron fuego, tiraron 14 toneladas de piedras. Esto no es lo que van a hacer, ya lo hicieron.

- ¿Qué opina sobre los periodistas que relativizan los dichos de Aguiar, considerándolos exagerados?

La interpretación del periodismo es totalmente libre, estamos en democracia. Nosotros interpretamos lo que él dijo, no lo que pudo haber dicho. Él dijo, “mire, le digo con total sinceridad, mi trabajo, nuestro trabajo es poner en crisis al gobierno”. Esto es lo que dijo. Además, lo dijo alguien que es el responsable de los empleados del Estado, tiene un poder importante para afectar el servicio del Estado, la administración pública. Todo esto es lo que ponemos en conocimiento de la autoridad.

- ¿Existe una falta de aceptación de la decisión popular detrás de estas acciones?

Yo creo que en realidad lo que hay es una absoluta falta de aceptación de la decisión del otro. En otras palabras, no aceptan que el pueblo no los elija, que elijan a Milei. Si Milei manda un proyecto de ley, lo sanciona el Congreso. Eso no lo aceptan. Y cuando no pueden modificar eso por la vía democrática —es decir, por los votos—, hacen acciones de hecho. Por eso incendian patrulleros, los móviles de los periodistas, rompen toda la Plaza de Mayo, tiran 14 toneladas de piedras, usan un mortero y se lo tiran a la policía. Eso no es democracia. Eso es violencia. Eso es delito.

- Considerando su experiencia como abogado, ¿cuáles son sus expectativas sobre la decisión que tome Comodoro Py en este caso?

En mi experiencia como abogado, generalmente la justicia, y más Comodoro Py, no es muy dura con el actuar político de los políticos. El promedio de las causas de corrupción es de 14 años. Entonces, no es lo mismo juzgar a un funcionario, a un sindicalista, a alguien con un cierto poder político, que a una persona común y corriente. Mi expectativa es reducida. Ahora, no podemos dejar de actuar por la expectativa, porque estamos poniendo en conocimiento un hecho que en principio es totalmente compatible con un delito.

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Entrevista de Miguel Clariá y “Siempre Juntos”.