Reforma laboral: ¿qué son los "salarios dinámicos" que propone el Gobierno?

En el corazón del debate presupuestario por el ejercicio fiscal 2026, que se lleva a cabo en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, se coló un tema de profundo calado que excede lo meramente económico: la Reforma Laboral.

Este miércoles, la defensa del equilibrio fiscal y la productividad se convirtieron en el telón de fondo para el anuncio de un giro conceptual que busca redefinir la matriz de la relación laboral en Argentina.

El secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Julio Cordero, utilizó su participación ante los legisladores para confirmar que el Gobierno trabaja en un proyecto de reforma laboral, en el marco del Pacto de Mayo, que será enviado al Congreso para su discusión. 

El foco, según Cordero, es claro: "Lograr que la Argentina pueda producir y trabajar", entendiendo que el trabajo "no es un elemento más de la sociedad, sino que es central porque tiene una dimensión económica".

El nuevo eje: salarios dinámicos y productividad

La principal propuesta que encendió el debate es la implementación de un nuevo esquema de "salarios dinámicos". Cordero sostuvo que este plan busca ajustar la remuneración a la productividad, un factor que, a su juicio, debe ser la verdadera métrica del aumento salarial, especialmente ahora que la inflación proyectada se espera sea menor.

El funcionario afirmó que la intención es clara: "Los empleadores deben pagar más a los trabajadores que se diferencian y se destaquen. Queremos que los salarios generen este diferencial por mérito. Si todo es lo mismo, se apunta hacia abajo".

Para lograr esta dinámica, el Gobierno promueve dos cambios estructurales que invierten la lógica histórica del derecho laboral argentino:

Prioridad al convenio por empresa: si se negocia un convenio colectivo dentro de una empresa, este tendrá prioridad de aplicación sobre el convenio de la actividad a nivel sectorial. Esta descentralización permite que la negociación se "ajuste a las necesidades de cada empresa en particular", reflejando mejor su realidad productiva y financiera.

El convenio colectivo como "techo": la propuesta más disruptiva plantea que los convenios colectivos de trabajo dejen de ser un simple piso (mínimo garantizado) y se conviertan en un techo de referencia (monto máximo). Esto permitiría a empleadores y sindicatos discutir mejoras salariales, pero con la condición de que estas no superen los límites establecidos colectivamente. Con esta maniobra, se elimina el carácter de "red de contención" uniforme que los gremios utilizan para garantizar un mínimo asegurado para todos sus afiliados.

Cordero argumentó que el Estado debe jugar un rol en este proceso, dada la gran diversidad regional y económica de un país federal como Argentina, donde la variabilidad de las actividades económicas requerirá ajustes específicos.

La postura opositora: críticas a la regresividad y al empleo

La presentación de Cordero fue recibida con fuertes críticas por parte de bloques opositores, quienes recordaron que reformas laborales anteriores no lograron el objetivo de generar empleo genuino y, en cambio, incrementaron la informalidad.

El diputado Sergio Palazzo (UxP) y referente de la Asociación Bancaria, señaló la caída del poder adquisitivo: "Cayó en un 34% (el Salario Mínimo, Vital y Móvil) y se agravó la situación porque solo alcanza a cubrir un 27% de la canasta básica". Además, criticó la falta de castigo a la falta de registración laboral.

Por su parte, la diputada Vanesa Siley (UxP), del sindicato judicial, cuestionó la efectividad de una reforma "regresiva" para crear puestos de trabajo, al recordar que intentos anteriores resultaron en un crecimiento de la informalidad. En la misma línea, el Frente de Izquierda (Vilma Ripoll y Juan Carlos Giordano) comparó la propuesta con las reformas de los años '90, advirtiendo sobre la posible "rotación a pruebas" y el abaratamiento de los despidos.

Pese a las posturas encontradas, el presidente de Diputados, Martín Menem, ha convocado a los bloques a nuevas reuniones, mostrando una "vocación de diálogo" desde el oficialismo, con el objetivo de acercar posiciones de cara a la votación del Presupuesto 2026 y el envío de la nueva legislación laboral. 

Sin embargo, legisladores de la oposición mantienen su emplazamiento para dictaminar sobre el Presupuesto el próximo 4 de noviembre, y han escalado el debate a un conflicto de poderes por decretos del Ejecutivo que suspenden la aplicación de leyes ya sancionadas por el Congreso. El debate laboral, entonces, se da en un contexto de alta tensión institucional.