El pequeño paso que convierte a un inmoral en delincuente

Como definición mínima, esencial, es una inmoralidad. Pero claramente también cabe una figura penal para todos los cómplices en la multimillonaria defraudación al Estado nacional que se desarrollaría a través del plan Potenciar Trabajo.

No sólo los que entregan los planes y no los controlan. También los que intermedian y los que los reciben.

Rebobinemos: el fiscal Guillermo Marijuan recibió copia de un informe que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) envió al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a cargo de Victoria Tolosa Paz.

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En este reporte, se cruzaron datos de 1,4 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo con la información como contribuyentes.

Entonces, saltaron inconsistencias en un porcentaje elevadísimo.

El programa Potenciar Trabajo pasó de 700.000 beneficiarios en 2020 a casi 1,4 millones en 2022. Todos cobraron, a valor noviembre, 27.275 pesos por las cuatro horas de labor que se comprometían a realizar.

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En este relevamiento aparece gente con ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

Otros muchos tienen gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil;

Este dato es el más impactante: 253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales. Otros 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave.

Sigo: 35.398 compraron divisas en el mercado de cambios dentro de los seis meses de percibir la asignación.

Y, por si fuera poco, hay casi 40 mil dueños de comercios comerciales abiertos al público o explotación agrícola o ganadera.

Y los fantasmas: hay casi 3.000 muertos que cobran subsidios.

Este es solo un plan, pero sirve para confirmar –por si hiciera falta– el absoluto descontrol del Estado respecto de a quiénes entrega ayuda y los manejos de supuestas organizaciones sociales que solo terminan siendo gerenciadoras de la pobreza para quedarse con una tajada.

El problema es que estos grupos están tan enraizados con la política que, a los fines de serles funcionales, quedan cubiertos por un manto de impunidad.

¿No les pesa en la conciencia que la mitad de los niños de la Argentina viven bajo la pobreza? ¿Y que un pequeño de ocho años haya muerto atropellado por un camión recolector en Paraná mientras buscaba comida en un basural?