Las tres claves que darán sentido a la reforma laboral

La reforma laboral todavía no es ley, pero está a tiro. Salvo un giro inesperado, el Senado aprobará la semana próxima, sin cambios, el texto que llegó desde Diputados. El trámite iba a ser breve y ordenado. No lo fue. Un error político grave del oficialismo —forzar la votación del artículo 44 sin aviso, sin lectura previa ni debate— detonó una marcha atrás completa y reabrió un conflicto que parecía cerrado. El resultado fue un paro general impulsado por la CGT, de alcance limitado pero evitable, y un proceso legislativo que se estiró más de lo previsto.

Con todo, el Gobierno contará con la reforma laboral. Y eso no es un dato menor. La norma constituye una condición necesaria para recomponer la expectativa de inversiones, reducir la informalidad y avanzar en lo que el empresariado define como “equilibrar la cancha” frente a la competencia de las importaciones. En ese plano, el cambio de reglas es relevante y responde a una demanda estructural largamente postergada.

Pero conviene no irse de mambo. La reforma laboral no es una condición suficiente para que la economía despegue. La economía real todavía no arranca y, lejos de hacerlo, algunos sectores industriales atraviesan crisis profundas, incluso terminales. No son problemas creados por el gobierno de Javier Milei, pero sí pueden agravarse o definirse durante su gestión. Sin reactivación productiva, sin crédito y sin consumo, ninguna reforma por sí sola garantiza crecimiento sostenido ni estabilidad política.

Hay, además, una dimensión estructural que excede al Congreso. El fuero laboral argentino —en particular el nacional, con asiento en la Ciudad de Buenos Aires— arrastra distorsiones históricas que explican, en parte, el impulso reformista. Por eso es esperable que la norma sea judicializada apenas entre en vigencia. Lo más probable es que algunos jueces de primera instancia intenten frenar artículos centrales, lo que terminará llevando el debate a la instancia final: la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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La experiencia internacional muestra cuán decisivo puede ser ese desenlace. Días atrás, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el esquema de aranceles generalizados impulsado por Donald Trump, eje de su estrategia económica. Una política central, legitimada políticamente, fue desarmada por el máximo tribunal. En los sistemas republicanos, la última palabra no la tiene el Ejecutivo ni el Congreso, sino la Justicia.

Ese dato vuelve clave una decisión pendiente del Gobierno: si este año avanzará o no en la designación de los dos jueces que faltan para completar la Corte. El intento anterior fracasó. No se trata de nombrar magistrados oficialistas, sino de proponer perfiles que comprendan —y no bloqueen— el rumbo de apertura económica y orientación promercado que una parte significativa del sistema político argentino viene avalando.

La propia reforma laboral es prueba de ello. Fue impulsada por el oficialismo, pero aprobada gracias al acompañamiento de bloques que no son libertarios. Hay ahí una mayoría transversal que respalda un cambio de orientación, más allá de Milei. La sostenibilidad de ese rumbo dependerá no solo de las leyes que se sancionen, sino también de cómo las interprete y valide el poder que, al final del camino, siempre decide.

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