La última redada en la Policía, parte de una serie con un denominador común

La detención del jefe de la policía caminera en Córdoba genera un impacto significativo en la sociedad. Este hecho, aunque sorprendente, se suma a una serie de arrestos que involucran a otros altos funcionarios de seguridad y salud en la provincia.

Recientemente, la cúpula del Servicio Penitenciario de Córdoba y el exjefe de bomberos también enfrentaron detenciones. Esto plantea interrogantes sobre la eficacia de los canales de información y control en el gobierno provincial. ¿Qué sucede con la información necesaria para la toma de decisiones?

Un caso emblemático que resalta esta crisis es el juicio del leónatal, donde la muerte de una criatura llevó a la condena de una enfermera como asesina serial. A pesar de las muertes inexplicables, las autoridades de salud no actuaron con la debida diligencia, lo que sugiere una alarmante falta de comunicación y prevención.

La cultura del silencio y la desinformación se extiende a diversas áreas del gobierno de Córdoba, dificultando el trabajo de quienes deben controlar y prevenir situaciones críticas. Esta falta de información puede tener consecuencias devastadoras, como se ha evidenciado en múltiples casos recientes.

No se trata de señalar a la policía caminera como corrupta, sino de reconocer que la detención de su jefe refleja problemas más profundos en la estructura de control del Estado. La policía caminera juega un papel crucial en la prevención de delitos en las rutas, pero la situación actual sugiere que algo no está funcionando adecuadamente.

Es fundamental cuestionar cómo se eligen a estos funcionarios y qué mecanismos de control existen para asegurar que no abusen de su poder. La falta de transparencia en la selección de personal y la ausencia de investigaciones previas son preocupaciones que deben abordarse urgentemente.

La actuación de fiscales como Enrique Gavier y González es un rayo de esperanza en medio de esta crisis. Sin embargo, no es suficiente que solo algunos fiscales actúen; se requiere un sistema judicial y político que funcione correctamente y que esté alerta a las irregularidades.

La pregunta persiste: ¿quién elige a estos funcionarios y qué se sabe realmente sobre su historial? La falta de herramientas de control preventivo permite que situaciones como estas se repitan, dejando a la población en una posición vulnerable frente a la corrupción y el abuso de poder.

Es momento de exigir un cambio. La sociedad no puede seguir siendo cómplice del silencio y la inacción. La transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para construir un futuro más seguro y justo en Córdoba.