Pullaro: "No hay que hacerse los boludos ante la corrupción policial"

El gobernador Maximiliano Pullaro se presentó este jueves en los tribunales de la ciudad de Santa Fe para declarar como testigo en el juicio contra los exjefes de la Policía provincial, Omar Odriozola y Rafael Grau, acusados de haber encabezado una red de corrupción durante los años 2015 y 2016. Según la acusación, ambos lideraron una organización ilícita que defraudó al Estado mediante maniobras con facturación falsa por supuestas reparaciones de móviles policiales.

La causa, conocida como "D4", ya cuenta con varias condenas por juicios abreviados. Sin embargo, este nuevo proceso apunta directamente a los máximos responsables del esquema. Pullaro, quien denunció los hechos cuando era ministro de Seguridad del entonces gobernador Miguel Lifschitz, aportó su testimonio en la primera audiencia del juicio oral.

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En declaraciones a la prensa, el mandatario fue contundente: "Uno tiene que ser muy claro en estas cosas: cuando hay corrupción institucional, cuando ve que hay actores del Estado vinculados a la corrupción, se tiene que denunciar. No nos hicimos los boludos ante la corrupción. Hicimos lo que había que hacer, y lo vamos a seguir haciendo".

Pullaro insistió en que su gobierno no tolera la corrupción y consideró que la responsabilidad política exige actuar con claridad y firmeza. "La autoridad política tiene que ser ejemplar. Es mucho más fácil hacerse el zonzo y dejar que las cosas pasen, pero eso termina generando crisis institucionales. Si uno quiere mejores instituciones democráticas, no puede permitir ningún tipo de corrupción", señaló.

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A su vez, valoró el trabajo de la mayoría de los integrantes de la fuerza policial, aunque sin desconocer que existen excepciones. "La inmensa mayoría de los hombres y mujeres de la Policía de la Provincia de Santa Fe son buenos, trabajadores y honestos. Como en todos los ámbitos, hay más buenos que malos, pero los malos están", sostuvo.

El gobernador recordó que la investigación se originó a partir de un mensaje anónimo que recibió en 2016, cuando era ministro. "Ese mensaje era muy certero. Tenía números de móviles, tipos de arreglos, los talleres involucrados. Entendí que tenía que acompañarlo con mi firma y presentarlo ante la Fiscalía", explicó. Esa denuncia derivó en una serie de allanamientos, detenciones y causas judiciales que aún se encuentran en curso.