Farmaceúticos alertan por precios altos y riesgo de monopolios en medicamentos

El reciente cambio en el sistema de patentes de medicamentos impulsado por el Gobierno nacional abrió un fuerte debate en el sector sanitario y farmacéutico.

La medida, que deroga una normativa previa, busca según la versión oficial facilitar el ingreso de nuevos fármacos al país.

Sin embargo, especialistas advierten que también podría tener efectos negativos en los precios y el acceso a tratamientos.

Para entender el alcance, es clave cómo funciona el esquema actual: cuando un laboratorio desarrolla un medicamento y lo patenta, obtiene exclusividad de producción y comercialización por un período de hasta 20 años. Durante ese tiempo, además, tiene la potestad de fijar el precio sin competencia directa.

Ese plazo incluye los años de investigación que suelen ser entre 8 y 10, por lo que el margen real de explotación comercial exclusiva se reduce.

Una vez vencida la patente, otros laboratorios pueden replicar la fórmula, lo que da lugar a medicamentos genéricos o biosimilares, generalmente más económicos.

El punto crítico del cambio radica en la extensión de esas patentes. Hasta ahora, para prolongarlas era necesario demostrar innovaciones concretas en el producto.

Con la nueva normativa, según advierten desde el sector, esos requisitos serían más flexibles.

“El problema no es la patente de medicamentos nuevos, sino cómo se van a extender las patentes de aquellos que están por vencer sin cambios comprobables en su efectividad”, explicó Germán Daniele, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba en diálogo con Cadena 3.

El riesgo, según plantean, es que se retrase la aparición de alternativas más accesibles. “Cuando la patente cae, la industria nacional copia y los precios bajan considerablemente. Si se extienden, eso no ocurre”, sostuvo.

El impacto podría ser doble

Por un lado, afectaría a los laboratorios locales, que deberían esperar más tiempo para producir versiones más económicas.

Por otro, repercutiría directamente en los pacientes, que verían reducidas las opciones disponibles a menor costo.

El caso de la semaglutida, un medicamento utilizado para la diabetes y popularizado por su uso en tratamientos para bajar de peso, ilustra la situación: mientras estuvo bajo patente exclusiva, su precio rondaba los 500.000 pesos; tras la aparición de versiones locales, bajó a cerca de 100.000.

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Especial preocupación generan los tratamientos de alto costo, como los oncológicos, de trasplantes o enfermedades complejas, que suelen estar cubiertos por obras sociales o el sistema público. En estos casos, la falta de competencia podría disparar el gasto sanitario.

“Lo que no se está discutiendo es cuánto van a valer los medicamentos con patentes extendidas y sin competencia”, advirtió Daniele, quien planteó la necesidad de establecer regulaciones de precios para evitar abusos.

En ese marco, el cambio también se vincula a acuerdos internacionales y a presiones de la industria farmacéutica global, lo que suma un componente geopolítico a la discusión.

Mientras el Gobierno defiende la medida como un incentivo a la innovación y la llegada de nuevos tratamientos, desde distintos sectores advierten que, sin controles adecuados, podría consolidar posiciones dominantes en el mercado y dificultar el acceso a medicamentos esenciales.

Informe de Matías Arrieta