Extienden el cronograma de trabajo sobre el aborto legal

Este jueves tendrá lugar la tercera y última reunión informativa dedicada a las exposiciones de especialistas.

Según blanqueó la vicepresidenta de la comisión de Salud, Carmen Polledo, en declaraciones televisivas, el sector "celeste" tiene sus expectativas puestas en, al menos, incluir en el dictamen la objeción de conciencia institucional.

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El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, que fue redactado por la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, incluye la objeción de conciencia individual, cláusula que admite la negativa de profesionales médicos y enfermeros a practicar abortos si sienten que eso va en contra de sus convicciones personales, pero no lo autoriza en el caso de los efectores de salud.

"Tengo la esperanza de que se pueda mejorar el tema de la objeción de conciencia institucional, básicamente porque no me parece justo que a una institución no se le respete su ideario", explicó la diputada del PRO.

La legisladora opositora mencionó que el asunto se podría resolver con un "convenio de derivación" de las instituciones privadas que "tengan un ideario que les impida llevar adelante estas prácticas".

Este miércoles, la primera en hablar fue la abogada feminista Soledad Deza, quien cuestionó la inclusión de la objeción de conciencia, de la cual dijo que "es una herramienta política que hace e hizo mucho daño cuando está en manos inescrupulosas y el Estado mira para otro lado".

"El artículo 10 del proyecto es una enorme concesión a quienes suelen utilizar la conciencia como herramienta para afectar el servicio de salud pública", argumentó.

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Por el sector autodenominado "pro vida", el primer orador fue Nicolás Laferriere, quien afirmó que la iniciativa "impone el aborto" por "doble vía de presiones hacia las madres y los profesionales de salud".

A su vez, cuestionó duramente la nueva tipificación de delitos penales contra profesionales de la salud que se nieguen a practicar abortos, si bien en el proyecto está incluida la objeción de conciencia individual.

Con postura opuesta, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez afirmó que "es una obligación del Estado argentino despenalizar el aborto, porque, si no lo hace, está violando los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres".

Y agregó que, "desde el punto de vista constitucional, no existe ninguna norma que impida, prohíba o haga que este proyecto sea inválido".

La directora del Observatorio de Género en la Justicia del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, Diana Maffia, enfatizó que "habilitar el aborto no obliga a nadie a abortar, pero prohibirlo sacrifica la vida de muchas mujeres en el circuito clandestino y no preserva ninguna vida".

Resaltó que el proyecto busca reconocer "a las mujeres en su decisión la condición de autonomía" y aclaró que "no se está legislando sobre embarazos avanzados".

La directora del Instituto de Política Constitucional, María Angélica Gelli, hizo hincapié en que "la defensa de la vida comienza con la concepción y la protección de este derecho está expresamente reconocida en el sistema jurídico" argentino.

"No se trata de una interrupción, porque lo que se interrumpe puede continuar. Se trata de la supresión del embarazo y se trata de consagrar un derecho subjetivo a abortar", lamentó.

A favor de la legalización, la médica infectóloga Leda Guzzi subrayó que, "pese a los avances del acceso a métodos anticonceptivos, siguen sucediendo embarazos no deseados" y "los marcos más restrictivos, lejos de bajar la tasa" impulsan a la clandestinidad.

Desde un punto de vista más social, el obispo villero Gustavo Carrara relacionó el aborto con "la cultura del descarte, individualista que va avanzando".

"Cuando se habla de las villas o barrios populares, muchas veces se desconoce la cultura de la mayoría de las mujeres pobres. Para ellas, los hijos son el mayor o el único tesoro, y no son algo más entre distintas opciones que el mundo pueda ofrecerles", fundamentó.