Vranicich puso el foco en la violencia adolescente y límites en redes sociales

La fiscal general de Santa Fe, María Cecilia Vranicich, presentó este jueves su informe de gestión 2025 ante la Legislatura provincial con un eje central que atravesó toda su exposición: el crecimiento de la violencia extrema entre adolescentes y jóvenes, un fenómeno que —advirtió— exige nuevas respuestas y abrir el debate sobre el uso de redes sociales en menores.

La presentación se realizó en el Senado, en el marco de la nueva Constitución provincial, que establece la rendición anual del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Con el caso reciente de San Cristóbal como telón de fondo —donde un adolescente de 15 años mató a otro de 13 dentro de una escuela—, Vranicich planteó la necesidad de comprender qué hay detrás de estos hechos que calificó como “dramáticos”.

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La fiscal no se limitó a ese episodio. Durante su exposición enumeró una serie de casos graves que involucran a jóvenes, entre ellos el crimen de Jeremías Monzón tras dos años de torturas, la agresión a una adolescente desfigurada con un arma blanca, un parricidio cometido por un menor y otros hechos violentos que, en conjunto, describen un escenario preocupante.

En ese contexto, puso especial énfasis en el rol de las redes sociales y los entornos digitales. Según explicó, a partir de la investigación del ataque en San Cristóbal, los fiscales tomaron contacto con áreas especializadas que les permitieron entender cómo operan ciertas comunidades online. “Es un universo donde muchos jóvenes encuentran espacios para exteriorizar el odio”, señaló.

A partir de ese diagnóstico, Vranicich llamó a discutir posibles restricciones al acceso de menores a determinadas plataformas. 

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Sin plantear una medida concreta, mencionó experiencias internacionales: desde prohibiciones más estrictas, como en Australia, hasta modelos de regulación parcial en países europeos que limitan el acceso a redes sociales, pero mantienen herramientas educativas y de comunicación.

“Tal vez no entendíamos por qué otros países avanzaban en ese sentido. Hoy empezamos a verlo con mayor claridad”, sostuvo, al tiempo que pidió a los distintos niveles del Estado involucrarse en el debate, incluso a nivel nacional.

Otro de los puntos destacados fue la decisión del MPA de que el adolescente acusado por el crimen de San Cristóbal participe presencialmente del proceso, pese a no ser punible. La fiscal consideró que ese paso es necesario frente al impacto del caso en la comunidad.

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En paralelo, el informe también incorporó por primera vez datos sobre suicidios en la provincia, en línea con recomendaciones de organismos internacionales. La inclusión de estas cifras, donde se advierte una fuerte incidencia en menores de 25 años, refuerza —según se planteó— el cuadro general de situación.

Así, el diagnóstico del MPA marca un cambio de foco: si en años anteriores la preocupación principal estaba vinculada al narcotráfico y la violencia en Rosario, hoy el fenómeno que interpela a la Justicia y a la política es el de la violencia juvenil, tanto hacia otros como hacia sí mismos, en un contexto atravesado por nuevas dinámicas digitales y sociales.