Ziliotto judicializó la reforma de la Ley de Glaciares y pidió la suspensión

A pocas horas de la aprobación de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, avanzó con una ofensiva judicial para frenar su aplicación en todo el país.

El mandatario presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Santa Rosa en la que solicita la inconstitucionalidad de la norma y una medida cautelar urgente para suspender sus efectos. La demanda fue impulsada junto a la Universidad Nacional de La Pampa, la Asamblea por los Ríos Pampeanos y la Fundación Chadileuvú.

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Un planteo por “daños irreversibles”

El eje del reclamo apunta a que la reforma introduce cambios regresivos en materia ambiental y pone en riesgo recursos estratégicos. Según el escrito judicial, permitir la aplicación de la ley mientras se discute su validez podría derivar en “daños ambientales graves e irreversibles”.

Ziliotto advirtió que el nuevo esquema habilita actividades productivas en zonas que antes estaban protegidas, lo que podría afectar ecosistemas sensibles y reservas de agua fundamentales para distintas regiones del país.

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El foco en el agua y las cuencas compartidas

Uno de los puntos centrales del planteo es el impacto sobre las cuencas hídricas interjurisdiccionales. Aunque La Pampa no posee glaciares en su territorio, depende directamente de los sistemas que nacen en la Cordillera de los Andes.

En ese sentido, la demanda advierte que la modificación podría alterar el equilibrio de cuencas como la del río Colorado, clave para el abastecimiento de agua en la provincia y otras regiones.

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“El Estado nacional debe garantizar un piso uniforme de protección ambiental”, sostiene la presentación, en referencia al principio de presupuestos mínimos establecido en la Constitución.

Cambios en el régimen de protección

Hasta ahora, la ley sancionada en 2010 establecía una protección integral sobre el ambiente glaciar y periglacial, considerado una reserva estratégica de recursos hídricos.

La reforma aprobada introduce un cambio sustancial: la protección se mantendrá “hasta tanto” las provincias determinen, mediante estudios técnicos, qué áreas cumplen efectivamente funciones hídricas. Aquellas que no sean consideradas reservas podrían ser excluidas del inventario oficial y habilitadas para proyectos productivos.

Actualmente, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales tiene registrados cerca de 17.000 cuerpos de hielo en el país.

Cuestionamientos al proceso legislativo

El amparo también apunta contra el procedimiento que derivó en la sanción de la ley. Los demandantes sostienen que no se respetaron los estándares de participación pública establecidos en el Acuerdo de Escazú.

Según el planteo, las audiencias realizadas en el Congreso fueron “instancias meramente formales”, pese a la masiva inscripción de ciudadanos, científicos y organizaciones interesadas en exponer su posición.