Imputabilidad juvenil, en debate: "El Código Penal responde a otra Argentina"

El asesinato de Jeremías, un adolescente de 15 años, presuntamente a manos de dos jóvenes de 14 y una chica de 16, volvió a instalar con fuerza en la agenda pública un debate tan sensible como persistente: la baja de la edad de imputabilidad penal en la Argentina.

En diálogo con Siempre Juntos por Cadena 3 Rosario, el abogado constitucionalista Félix Lonigro coincidió con el planteo del gobernador y fue aún más enfático: aseguró que la reforma no solo es posible, sino también “necesaria, justa e indispensable”. El letrado aclaró que se trata de una competencia exclusiva del Congreso de la Nación, ya que el Código Penal es una ley nacional y no puede ser modificado ni por las provincias ni por decreto del Poder Ejecutivo.

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“El Presidente no puede legislar en materia penal por decreto, y los gobernadores tampoco tienen facultades en este tema”, explicó. 

Según el constitucionalista, la reforma del Código Penal requiere un quórum común y corriente en el Congreso, lo que implica que el principal obstáculo no es jurídico, sino político e ideológico. 

En esa línea, fundamentó su postura desde el derecho penal y sostuvo que para imputar un delito se debe reconocer en la persona la existencia de voluntad, compuesta por discernimiento, intención y libertad.

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“¿Quién puede decir que un adolescente no tiene discernimiento cuando mata a alguien?”, se preguntó. 

Si bien admitió que podría debatirse qué tipos de delitos son imputables a edades más tempranas, aseguró que nadie desconoce el significado de quitarle la vida a otra persona.

Una edad concreta

En cuanto a la edad concreta, señaló que en la mayoría de los países del mundo la imputabilidad comienza a los 14 años, mientras que Argentina y Cuba mantienen el límite en los 16. Incluso mencionó que algunos Estados, como el Reino Unido, lo fijan en los 11. “No vayamos a los extremos, pero salir de los 16 y 15 es indispensable”, remarcó, y se inclinó por establecer el umbral entre los 13 y 14 años.

El abogado también se refirió al reclamo social y a la situación de las víctimas, al señalar la dificultad de explicarles a las familias que quienes cometieron crímenes graves regresan a sus hogares sin una sanción penal. Aclaró, no obstante, que la baja de la imputabilidad no es una solución aislada al problema de la inseguridad, sino parte de una cadena de medidas que deben abordarse de manera integral.

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Finalmente, Lonigro propuso la posibilidad de convocar a una consulta popular para saldar el debate. Aseguró que la Constitución lo permite y que sería una forma de conocer de manera directa la opinión de la sociedad y avanzar con una reforma respaldada democráticamente. “Si los legisladores tienen dudas, que pongan el tema en manos de la gente”, concluyó.

El caso de Jeremías, una vez más, expone la tensión entre el marco legal vigente y una realidad social que exige respuestas. La discusión ahora queda en manos del Congreso, donde la baja de la edad de imputabilidad vuelve a aparecer como uno de los debates más complejos y urgentes del sistema penal argentino.

Entrevista de Fernando Carrafiello.