Debate sobre el bullying: "Sancionar a los padres sería inconstitucional"

La Legislatura santafesina analiza un proyecto que propone sancionar a los padres de estudiantes involucrados en casos graves y reiterados de acoso escolar. La iniciativa, impulsada por la diputada provincial Natalia Armas Belavi, apunta a “reforzar la responsabilidad de los adultos” cuando no acompañan las intervenciones institucionales o, incluso, cuando agravan las situaciones de violencia.

Según la propuesta, en los casos donde se detecte bullying persistente y los padres no colaboren con la escuela o las autoridades, podrían aplicarse sanciones que van desde tareas comunitarias dentro del propio establecimiento educativo —como pintar o reparar mobiliario— hasta multas económicas que alcanzarían los 5,5 millones de pesos. El dinero recaudado se destinaría a programas de capacitación y prevención del acoso escolar.

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“Queremos que los padres entiendan que tienen una clara responsabilidad en evitar este tipo de acciones de violencia por parte de sus hijos”, explicó la legisladora al presentar el proyecto.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el abogado constitucionalista Maximiliano Torricelli advirtió que la iniciativa podría tener dificultades de aplicación desde el punto de vista legal. “Existe un principio constitucional que establece que la pena nunca puede trascender a quien comete el hecho. No se puede sancionar a un tercero por una conducta ajena”, señaló.

Torricelli explicó que, si bien los padres pueden tener responsabilidad civil por los daños ocasionados por sus hijos —por ejemplo, en el caso de un perjuicio material—, no pueden ser castigados penalmente por sus actos. 

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“Aquí estaríamos hablando de una sanción o pena aplicada al adulto por la conducta del menor, lo cual en principio no encaja dentro de los parámetros constitucionales”, precisó.

Complejidades

El abogado también subrayó la complejidad del tema por la carga de subjetividad que tiene el concepto de bullying. “Hay situaciones de violencia física que son claras y concretas, pero también existen otras más sutiles, como el aislamiento o las burlas, que son difíciles de medir y sancionar. Determinar el límite entre una broma y un acto de acoso es muy complejo”, afirmó.

En esa línea, destacó que el problema del acoso escolar requiere un abordaje más amplio que la mera aplicación de castigos. “Es querer tapar el sol con la mano. Estas medidas llegan después del hecho. Lo importante es trabajar en la prevención, en la formación de docentes y en el acompañamiento de las familias”, consideró.

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El especialista ilustró su posición con un caso en el que un padre logró frenar el hostigamiento hacia su hija mediante una carta documento dirigida a los padres de la alumna agresora. “A veces, tocar el bolsillo es lo único que funciona con adultos desaprensivos, pero eso no puede transformarse en una política general de sanciones estatales”, advirtió.

Finalmente, Torricelli reflexionó sobre los cambios culturales y las contradicciones en los mensajes que reciben los jóvenes. “Hoy los chicos crecen con modelos contradictorios, con límites difusos y ejemplos violentos desde los ámbitos de poder. No hay reglas claras, ni siquiera en las relaciones cotidianas entre docentes y alumnos. Eso también explica por qué es tan difícil abordar el problema del bullying solo con sanciones”, concluyó.

Entrevista de Lucas Correa.