Polémica por el proyecto para crear la Procuración Penitenciaria en Córdoba

El bloque peronista presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley para crear la Procuración Penitenciaria de la provincia, un organismo dependiente del Poder Judicial destinado a monitorear el sistema carcelario local. La propuesta ingresó sorpresivamente y fue debatida en comisión, generando críticas de distintos sectores de la oposición.

Según el texto ingresado, la nueva Procuración estará encabezada por un procurador con cargo vitalicio, remuneración equivalente a la de un vocal del Tribunal Superior de Justicia, un régimen de jubilación especial y el acompañamiento de cuatro adjuntos, además de secretarios y personal administrativo. El organismo tendrá carácter consultivo, sin facultades resolutivas ni legitimación procesal activa.

El oficialismo argumentó que la iniciativa busca adecuar a Córdoba a una normativa nacional vinculada a tratados internacionales con rango constitucional, que obligan a cada provincia a contar con un mecanismo de prevención de torturas en las cárceles para la custodia de presos federales.

Sin embargo, legisladores opositores cuestionaron el alcance del proyecto. Señalaron que la falta de atribuciones para intervenir en casos concretos limitan la capacidad de control del organismo, mientras que la estructura propuesta fue calificada como "excesiva" en un contexto de dificultades financieras y reclamos gremiales por el sistema previsional provincial.

Desde algunos bloques plantearon la alternativa de crear un comité de prevención de la tortura con participación ciudadana dependiente del Poder Legislativo, o incorporar ese mecanismo a la nueva Procuración para otorgarle herramientas efectivas de intervención. Los legisladores aclararon que no descartan la creación del organismo, pero exigen una revisión del diseño institucional.

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En diálogo con Cadena 3, la legisladora radical Brenda Austin sostuvo que la propuesta "es una respuesta que queda corta" frente a la situación del sistema penitenciario. "Está absolutamente colapsado y ocurren allí situaciones de violencia institucional, de muertes, de golpizas, como vimos recientemente también en la cárcel de mujeres, que han sido cuestionadas duramente por organismos nacionales e internacionales”, expresó.

Austin recordó casos como los de César Moreno y Ezequiel Castro, fallecidos tras detenciones sin comisión de delito, y sostuvo que el nuevo organismo debe ser capaz de controlar tanto al Poder Ejecutivo como a la Policía y al Poder Judicial. "Requiere un organismo de control, de control del sistema penitenciario, y también que siga bien de cerca la tarea del Poder Judicial", señaló.

La legisladora también rechazó el régimen vitalicio y las remuneraciones previstas para las autoridades del organismo. "Tiene que tener un régimen similar al de otras provincias, con mandatos de cinco años, no vitalicio. Y creemos que es exagerada la remuneración equiparándola a un vocal del Tribunal Superior de Justicia, más un régimen de jubilación de privilegio en un momento donde el Gobierno está anticipando que le va a recortar a los trabajadores para financiar la caja", afirmó.

Austin remarcó que Córdoba "es una de las pocas provincias que todavía no tiene su comité local de prevención de la tortura" y reclamó que, si se decide avanzar, se haga "bien y en serio".

El proyecto será discutido en el recinto el jueves próximo, en otra sesión que promete reflotar tensiones políticas y económicas en torno al funcionamiento del sistema penitenciario y al financiamiento de nuevas estructuras estatales.

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Expediente 44944 L 25 by Cadena 3

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Informe de Guillermo López.