El cimbronazo político en Córdoba tras el femicidio de Agostina Vega

A una semana de confirmarse el hallazgo de los restos de Agostina Vega, el caso no solo sigue conmoviendo a Córdoba por la gravedad del crimen, sino que también abrió un cimbronazo político e institucional de fuerte impacto en la Provincia y en la Municipalidad capitalina.

La investigación por el femicidio de la adolescente de 14 años, cuyo principal acusado es Claudio Gabriel Barrelier, expuso cuestionamientos al Estado provincial, al Poder Judicial y al Ministerio de Seguridad por las demoras iniciales en la búsqueda. Agostina había desaparecido el 23 de mayo y su cuerpo fue hallado una semana después en un campo cercano a barrio Ampliación Ferreyra.

Las principales críticas apuntan al fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, por no haber chequeado de manera inmediata los antecedentes de Barrelier, quien había sido mencionado el domingo posterior a la desaparición en una ampliación de denuncia realizada por la madre de la víctima. También se cuestionó que el remisero que aportó datos clave sobre el traslado de Agostina hacia Cofico recién declarara el lunes, pese a que había avisado el domingo.

La discusión también alcanzó al fiscal Iván Rodríguez, quien había intervenido en una causa de mayo de 2025 en la que Barrelier quedó imputado por privación ilegítima de la libertad calificada. Rodríguez fue cuestionado por la liberación del acusado a los 20 días de aquel hecho, y su jura como procurador penitenciario adjunto quedó en suspenso hasta que se aclare si será sometido a jury.

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La masiva marcha de Ni Una Menos en Córdoba sumó otro capítulo político. Durante la movilización, numerosas manifestantes reclamaron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, y del fiscal Garzón, especialmente después de la conferencia de prensa del sábado 30 de mayo, en la que se le reprochó al funcionario judicial falta de perspectiva de género.

El caso también impactó en otros expedientes judiciales sensibles, como en el de la muerte de bebés en el Hospital Materno Neonatal, en 2022. En ese marco, legisladores y dirigentes opositores volvieron a cuestionar el rol de fiscales en causas anteriores y se reactivaron pedidos de control político sobre funcionarios judiciales.

En el plano municipal, el femicidio derivó en una crisis directa para el oficialismo de Daniel Passerini. Ricardo Moreno dejó su banca en el Concejo Deliberante luego de que se conociera que había recomendado el ingreso de Barrelier como becario a la Municipalidad de Córdoba. Para desplazarlo del cuerpo, el intendente hizo regresar a Raúl La Cava, hasta entonces secretario de Desarrollo Social.

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Barrelier se desempeñaba en el área de Tránsito municipal, vinculada al otorgamiento de licencias de conducir. Su situación expuso la falta de controles sobre becarios, monotributistas y personal contratado, un universo que, según estimaciones mencionadas en el debate político, rondaría las 8.000 personas, aunque sin una cifra oficial confirmada.

La crisis derivó además en cambios dentro del área de Transporte y Tránsito, y abrió interrogantes sobre los mecanismos de ingreso al municipio. En ese contexto, el viceintendente Javier Pretto admitió el viernes en Cadena 3 que hay personas que ingresan "por ser militantes", una frase que profundizó la polémica sobre las condiciones de contratación en la administración municipal.

Otro capítulo se abrió con los cuestionamientos a familiares de Moreno que trabajan en el Estado: una de sus hijas en la Municipalidad y otra, Carla Moreno, en el Ministerio de Cooperativas de la Provincia. El caso volvió a abrir la discusión sobre los vínculos políticos, las designaciones y los criterios de ingreso a cargos públicos.

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La investigación también tuvo repercusión sobre "Wachitas Bar", ubicado en Nueva Córdoba, donde trabajaba la pareja de Barrelier. El local, que era promocionado por el mismo municipio, fue clausurado por la Municipalidad tras detectar incumplimientos de habilitación, higiene y seguridad. Según la investigación, la mujer era propietaria del Ford Ka que habría sido utilizado para trasladar y descartar los restos de Agostina en Ampliación Ferreyra.

A la par de las medidas institucionales, la repercusión pública se trasladó a las redes sociales de funcionarios. Algunos dejaron de publicar durante varios días y otros cerraron los comentarios en sus posteos, en medio de un clima de fuerte presión social y reclamos.

El crimen de Agostina Vega, además de conmover a Córdoba, dejó al descubierto una crisis con múltiples frentes: la actuación judicial, los controles estatales, los mecanismos de contratación municipal y la responsabilidad política de los funcionarios involucrados.

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Informe de Guillermo López.