Rige el nuevo Régimen Penal Juvenil: "Hay que poner especial foco en la resocialización"

Desde este sábado comenzó a regir en todo el país el nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. En diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario, el abogado y docente universitario Alejandro Otte, expresidente del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Santa Fe, explicó cómo funcionará el nuevo esquema y remarcó que no todos los delitos cometidos por adolescentes implicarán una pena de prisión.

Otte explicó que la normativa establece una “responsabilidad escalonada”. Para los delitos con penas de hasta tres años, se prevén medidas alternativas a la privación de la libertad, como centros de rehabilitación, reparación del daño o suspensión del juicio a prueba. En los casos con penas de hasta seis años, el fiscal incluso puede prescindir de la acción penal.

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Cuando los delitos tienen penas de hasta diez años, los jueces cuentan con la posibilidad de reemplazar la prisión por otras medidas. Según explicó el especialista, en este grupo pueden encontrarse delitos más graves, como lesiones graves o determinados abusos sexuales. En cambio, frente a delitos cuya pena supera los diez años, como un homicidio, puede aplicarse una pena de prisión.

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El abogado aclaró que los adolescentes no serán alojados en cárceles de adultos, sino en centros especializados. La finalidad del régimen, señaló, apunta a que asuman la responsabilidad por el hecho, además de trabajar en su reeducación y reinserción social. La pena para un menor no podrá superar los 15 años, incluso cuando el delito cometido contemple una condena mayor o prisión perpetua para un adulto.

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Sobre la aplicación de medidas como la prisión domiciliaria, el monitoreo electrónico, los tratamientos psicológicos y la continuidad educativa, Otte sostuvo que será fundamental el rol del Estado. También remarcó que la problemática de las adicciones y los entornos familiares conflictivos no puede quedar únicamente en manos del sistema penal, sino que requiere la intervención de áreas como Salud, Educación y Niñez.

Consultado sobre cómo definiría la reforma, el abogado la calificó como “necesaria”. Consideró que en los últimos años hubo hechos graves cometidos por menores que no tenían una respuesta penal y sostuvo que la legislación debía adaptarse a la realidad actual de los adolescentes. De todos modos, advirtió que bajar la edad de imputabilidad por sí solo no resolverá el problema de la delincuencia juvenil.

Finalmente, Otte puso el foco en la responsabilidad de fiscales, defensores y jueces a la hora de aplicar la nueva normativa. Señaló que será necesario evaluar con el paso de los años si las medidas cumplen con el objetivo de reducir la reincidencia y favorecer la resocialización. “No tiene que quedar únicamente en la letra fría de la ley”, planteó, sino que debe traducirse en resultados concretos.

Entrevista de Jonatan Raimundo.