La Corte Suprema de EE.UU. debate sobre el uso de órdenes de geolocalización

La Corte Suprema de EE.UU. escuchó el lunes argumentos en un caso legal que podría redefinir los derechos de privacidad digital en el país. El caso, Chatrie v. Estados Unidos, se centra en el uso controvertido de órdenes de búsqueda de geolocalización, que permiten a las fuerzas del orden obligar a empresas tecnológicas, como Google, a proporcionar información sobre qué usuarios se encontraban en un lugar específico en un momento determinado.

Estas órdenes permiten a los investigadores rastrear datos de ubicación de los usuarios de teléfonos móviles, lo que les ayuda a identificar a posibles sospechosos de delitos. Sin embargo, los defensores de las libertades civiles argumentan que estas órdenes son excesivamente amplias y violan la constitución, ya que pueden incluir información de personas que no tienen conexión con el incidente investigado.

En años recientes, se han reportado casos en los que las órdenes de geolocalización han involucrado a personas inocentes que se encontraban en las cercanías de un crimen, así como errores en la recopilación de datos que exceden el alcance de la orden original. A medida que la popularidad de estas órdenes ha crecido, se ha vuelto habitual que las agencias federales y departamentos de policía presenten miles de solicitudes cada año.

El caso Chatrie es la primera gran cuestión del Cuarto Enmienda que la Corte Suprema ha considerado en esta década. La decisión podría determinar la legalidad de estas órdenes y si los ciudadanos tienen una "expectativa razonable" de privacidad sobre la información recopilada por las grandes tecnológicas.

El caso gira en torno a Okello Chatrie, un hombre de Virginia condenado por un robo bancario en 2019. La policía obtuvo un video de seguridad que mostraba a un sospechoso hablando por teléfono. Posteriormente, solicitaron una orden de geolocalización a Google, exigiendo datos de todos los teléfonos que estaban en un radio cercano al banco en el momento del robo.

La respuesta de Google incluyó datos anonimizados de usuarios en la zona, y la policía solicitó más información sobre algunas cuentas. Chatrie fue identificado y, aunque se declaró culpable, su defensa argumentó que las pruebas obtenidas mediante la orden no deberían haber sido admitidas.

Los abogados de Chatrie sostuvieron que la orden permitía al gobierno buscar primero y desarrollar sospechas después, lo que va en contra de los principios establecidos por la Cuarta Enmienda que protegen contra búsquedas y confiscaciones irrazonables.

La Corte Suprema, tras escuchar los argumentos, parece dividida sobre si prohibir por completo el uso de estas órdenes o establecer restricciones en su aplicación. Aunque la sentencia no afectará directamente a Chatrie, podría tener implicaciones más amplias para la privacidad de los ciudadanos en EE.UU.

La decisión se espera para más adelante en el año y podría influir en cómo las empresas tecnológicas manejan la información de ubicación de sus usuarios.