Tras apuntar a Caeiro, el fiscal Gavier revisará otros concursos judiciales

La denominada "causa Caeiro", como se conoce en los pasillos de los Tribunales de Córdoba el escándalo generado por la presunta filtración de las preguntas de un examen de un concurso interno, ha provocado un verdadero sismo al interior de la Justicia cordobesa.

El jueves pasado, Cadena 3 adelantó que el fiscal de Delitos Complejos de Córdoba, Enrique Gavier, había resuelto requerir la apertura de la "investigación jurisdiccional" contra el asesor oficial Eduardo Caeiro, sospechado de haber filtrado presuntamente un examen de concurso para acceder al cargo de prosecretario letrado en el flamante Ministerio de la Defensa.

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Como se trata de un funcionario judicial, la imputación debe ser definida por un juez de Control (Milton Peralta), en un trámite que se denomina "investigación jurisdiccional".

Junto a Caeiro, el fiscal entiende que deben ser investigadas como partícipes necesarias del mismo delito cuatro empleadas de los Tribunales de Córdoba: Mariana Lorenzatti (actualmente en el Fuero de Violencia Familiar), María Sonzini Astudillo (trabaja en la Cámara 12 del Crimen), Florencia Zuliani (en la Cámara de Acusación) y Ana Martha Ruiz Tamagnini (en la Defensoría Pública).

No se trata de una pesquisa sencilla. Sucede que todos los involucrados forman parte del Poder Judicial, lo que generó, en su momento una serie de pasos previos.

El dato de la presunta filtración, según surge de la investigación, primero comenzó a correr como un rumor de pasillos entre los despachos judiciales. Luego, fue el gremio de los empleados judiciales el que alzó la voz, lo que generó un expediente administrativo interno.

Al mismo tiempo, el interrogante comenzó a ganar terreno en los medios de comunicación, lo que aumentó el estupor puertas adentro de Tribunales.

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La sospecha es concreta: antes del examen, Caeiro le habría facilitado las preguntas (o al menos sugerencia de qué material debían llevar) a las empleadas, quienes se presentaron a rendir y sacaron las mejores notas. En promedio, estuvieron 30 puntos porcentuales por encima del resto que concursó. Incluso, una de ellas obtuvo puntaje perfecto.

Hay datos por demás llamativos: las empleadas sospechadas contestaron de manera correcta unas preguntas que buena parte del resto de los concursantes objetó por estar mal formuladas.

La investigación administrativa, confiaron las fuentes consultadas, terminó por dividir al Tribunal Superior de Justicia, hasta que finalmente primó el criterio que adoptaron, sobre todos, los vocales Luis Angulo y Aida Tarditti, quienes remitieron lo hallado en esa primera instancia a Fiscalía General para avanzar en una causa pensal. 

Con la firma de Angulo y del vocal Sebastián López Peña, lo actuado de manera administrativa llegó al despacho del fiscal General Juan Manuel Delgado, quien resolvió que todo lo actuado fuera investigado por el fiscal de Delitos Complejos Gavier.

En tanto, se activó de manera paralela un pedido de jury, instancia judicial-política en la que sí puede intervenir la vocal Tarditti.

Una vez que Gavier terminó por ser designado, comenzó a coser un expediente judicial penal.

Como medida principal, la fiscalía avanzó en el secuestro de todos los celulares de los acusados.

Los informantes aseguran que al analizar los aparatos se detectaron varios puntos llamativos:

-Hay varios chats borrados entre Caeiro y tres de las empleadas sospechadas: Zuliani, Sonzini Astudillo y Lorenzatti.

-La cuarta empleada, Ruiz Tamagnini, no borró nada.

-Caeiro le habría solicitado al vocal del Tribunal Superior de Justicia, Sebastián López Peña (a cargo de los concursos), que lo nombrara en el Tribunal encargado de examinar este concurso.

-Cuando se hicieron públicas las sospechas de que el concurso podría haber estado amañado, hubo chats frenéticos entre Caeiro y al menos dos de las imputadas, conversaciones que luego fueron eliminadas.

-Antes de que la causa fuera remitida al fuero penal, Caeiro envió mensajes a varios destinatarios en los que anunciaba que todo había sido "desestimado" y sugería que planeaba acciones legales contra los medios de comunicación que habían divulgado las sospechas en torno a estos concursos.

-Caeiro no sólo le pidió a López Peña que lo nombrara en el Tribunal encargado de examinar este concurso, sino que también le solicitó, en otro momento, que lo contactara con el exministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano. De acuerdo a lo que se detectó, la intención de Caeiro era solicitarle a Garavano que lo "ayudara" tras haber concursado para conformar el nuevo Tribunal Federal N° 3 de Córdoba. Según se desprende de los chats, Caeiro habría logrado reunirse con Garavano, aunque conviene hacer la salvedad de que hasta ahora no fue nombrado con ningún cargo en el fuero federal.

Para los investigadores, esto último revelaría un rasgo de la personalidad del funcionario investigado: cultivar relaciones y contactos para lograr acceder a mejores cargos.

Entre otros puntos de la investigación, también llamó la atención lo que declararon los otros dos miembros del Tribunal Examinador, los entonces defensores oficiales Pablo Pupich y Ana Inés Pagliano. Ambos dijeron estar molestos por la situación, sobre todo porque el defensor de Caiero, Miguel Ortiz Pellegrini, en su momento puso en entredicho a todo el Tribunal.

Incluso, Pupich, que era amigo de Caiero, dijo que después de lo ocurrido la relación entre ambos se cortó.

También dijeron que cuando ellos le preguntaron a Caeiro si era verdad lo que se estaba diciendo, este funcionario les respondió que las cuatro empleadas que habían obtenido el mejor puntaje eran "brillantes" y que tenían un legajo intachable.

En realidad, sólo una de ellas, Ruiz Tamagnini, es la que tiene un legajo impecable, mientras que las otras tres empleadas bajo la mira ya habían sufrido algunas observaciones por su desempeño laboral, según se desprende de un cotejo que luego se realizó en la investigación.

Pupich fue nombrado en diciembre último como uno de los defensores adjuntos del flamante Ministerio de la Defensa. En ese mismo mes, la Unicameral resolvió ampliar la cantidad de cargos en este nuevo organismo que fue creado por ley en 2023. El primer autor de esta iniciativa había sido el entonces legislador Oscar González.

La cantidad de nuevos cargos hizo que se multiplicaran en los últimos tiempos los concursos internos en Tribunales.

De acuerdo a las fuentes consultadas, en el marco de esta investigación contra Caeiro el fiscal Gavier ya habría encontrado indicios para abrir una nueva causa que involucra a por lo menos un concurso más, en el que también se sospecha que pudieron haber existido filtraciones previas al examen.