Carne podrida, la otra clave de la investigación contra el "camión narco"

Las causas por la corrupción dentro de las cárceles de la provincia de Córdoba no dejan de acumular expedientes. En la fiscalía de Delitos Complejos a cargo de Enrique Gavier, desde hace años se está escribiendo una suerte de historia universal sobre lo peor del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC).

A las primeras investigaciones por el denominado "call center tumbero" (la utilización de celulares ilegales por parte de los presos para cometer todo tipo de estafas), se le fue agregando la complicidad necesaria de los guardiacárceles.

Pese a que durante cinco años el fiscal fue acumulando evidencia en ese sentido, y los fallos en los juicios ordenaban al SPC que articulara un mayor control interno para evitar la proliferación de estos delitos, la realidad indica que jamás mermaron las estafas carcelarias, sino que aumentaron.

/Inicio Código Embebido/

Esto generó que el fiscal Gavier escalara en la cadena de responsabilidades. Así, en 2023 ordenó la detención de varios jefes del SPC, sobre todo de las cárceles de Cruz del Eje, Bouwer y Villa María, a los que acusó de complotarse con los presos para introducir celulares y drogas dentro de los penales.

A fines de aquel año, Gavier aplicó un mazazo: ordenó detener en su despacho al máximo responsable del SPC durante más de 15 años, Juan María Bouvier.

La investigación derivó en un detallado expediente en el que se describió que prácticamente todo estaba tarifado al interior de las cárceles de Córdoba: ingreso de celulares, revisar (o no) las encomiendas, los "plumas" de cada pabellón (los presos que mandan), resguardo de integridad física, traslado a otros establecimientos carcelarios, informes sobre conducta y, también, sobre supuestos cursos intramuros.

/Inicio Código Embebido/

Esta megainvestigación que lleva el nombre de Bouvier como el hasta ahora máximo escalafón acaba de recibir un importante aval de la Cámara de Acusación, que confirmó las prisiones preventivas.

Entre los recursos defensivos figuraba el presentado por quien fue el defensor de Bouvier hasta fines del año pasado, Alejandro Pérez Moreno, flamante fiscal General adjunto de Córdoba. Si bien Pérez Moreno debió apartarse, quienes eran sus socios asumieron la representación del exjefe del SPC.

Pese a que cualquiera podría imaginar que esta pesquisa de Gavier agotaba la gama de delitos dentro de las cárceles de Córdoba, en 2024 el fiscal agregó un nuevo capítulo: el camión narco.

En realidad, todo se inició en diciembre de 2023, cuando un camión del frigorífico Livorno fue interceptado en el ingreso a la cárcel de Bouwer cuando los guardias descubrieron que entre las medias reses había 1,8 kilo de marihuana, siete teléfonos celulares, alcohol, y otros elementos prohibidos.

Livorno es uno de los tres frigoríficos que explota Alicio Dagatti, uno de los empresarios más fuertes de la provincia de Córdoba. Con base en el sur del mapa cordobés, en los últimos años experimentó un notable crecimiento patrimonial, lo que lo llevó a diversificar sus actividades: además del comercio de la carne, lo que lo vinculó como proveedor del Gobierno, cobró notoriedad como presidente del club Estudiantes de Río Cuarto, además de comprar diversos medios de comunicación de esa ciudad, entre ellos el diario Puntal. También es el dueño de un loteo residencial denominado Aguas Claras.

En un primer momento, la causa quedó en el fuero provincial de Lucha Contra el Narcotráfico. La fiscal Paulina Lingua no fue más allá del secuestro de la droga y envió a juicio a los dos choferes del camión. En noviembre pasado, Néstor Lucero fue condenado a cinco años y cuatro meses de prisión, mientras que su acompañante, Jorge Luis Rodríguez, terminó absuelto.

Fue en medio de ese proceso que Lucero levantó la mano. Terminó por declarar ante el fiscal Gavier, donde contó que Alicio Dagatti y otras personas vinculadas con el frigorífico lo habían tentado para ingresar los objetos prohibidos en la cárcel disimulados entre las medias reses. 

Dijo que primero le pagaron 300.000 pesos, luego una cifra similar y en una tercera oportunidad, un millón de pesos. Y contó que una vez se encontró con el conocido empresario en una ruta de Río Cuarto, donde recibió la supuesta oferta.

Esto fue parte de un extenso relato que el fiscal comenzó a desmenuzar en silencio. 

Y, con otras pruebas, decidió encarcelar a Dagatti, a su hijo Ignacio y al extitular del frigorífico, Luis María Mina, a los que acusó del presunto delito de "asociación ilícita". Luego, sumó otras dos detenciones: el guardiacárcel Ramón Farías y al empleado de la empresa de transporte Maximiliano Irusta.

Las capturas de los Dagatti se produjeron el pasado 4 de diciembre. Días antes, el empresario dijo que había recibido una llamada del ministro de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, Julián López, quien le solicitaba -según sus dichos- que continuara proveyendo de carne a las cárceles de la provincia pese a que se habían demorados los pagos.

A casi un año del caso del "camión narco", el frigorífico Livorno continuaba siendo proveedor del Sistema Penitenciario de Córdoba. Incluso, el grupo de Dagatti ganó varias licitaciones luego de la detención del frigorífico, pero desde la Provincia se aseguró que estos contratos fueron dados de baja.

Ahora, al decretar las prisiones preventivas contra los acusados, Gavier aseguró que "existía un mecanismo muy bien aceitado para el ingreso regular de estos elementos prohibidos".

/Inicio Código Embebido/

Además, la semana pasada ordenó dos nuevas detenciones: Federico Emanuel Giardina (37), operario de Livorno, y Roberto Adrián González (40), veterinario del frigorífico.

"La carne que proveyó, del frigorífico Livorno (en Las Higueras), no era apta para el consumo humano", apuntó el fiscal.

¿A qué se refería? De acuerdo a los datos que figuran en su investigación, a través de chats y otros elementos, advirtió que en diciembre de 2023, 52 medias reses fueron rechazadas en el ingreso a la cárcel de Bouwer porque se determinó que se había cortado la cadena de frío y la carne no estaba en condiciones.

Sin embargo, según se sospecha en la causa, el frigorífico no la tiró. Se cree que engañó a la Senasa con que iba a ser decomisada, pero luego de que los inspectores se retiraran, las medias reses fueron enfriadas de nuevo y llevadas en otro envío a la cárcel, donde esta vez sí fue admitida.

Hay un dato en cuanto a las fechas que no pasa inadvertido en la mesa de la investigación: el camión narco fue interceptado el 23 de diciembre de 2023; las medias reses putrefactas fueron rechazadas tres días después; y al parecer, el frigorífico logró reingresarlas el 28 de ese mismo mes.

“Recibieron todo, cero problema", se lee en el intercambio de mensajes por Whatsapp de dos directivos del frigorífico, a las 14.48 de aquel día.

Para la fiscalía, no sólo lograron "el reingreso fraudulento al Complejo Carcelario de las medias reses rechazadas", sino que también habría defraudado "a la empresa de transporte de Oscar Alberto Bravo, cobrándole los productos cárnicos que fueron rechazados el día 26/12/2023, elementos que, como fue mencionado anteriormente, fueron reingresados al Complejo Carcelario N° 1".