Se conocieron más denuncias contra Julieta Silva: "Te voy a comer el hígado"

La historia de Julieta Silva, la mujer que en 2017 conmocionó a Argentina tras ser condenada por el homicidio culposo de su novio, Genaro Fortunato, volvió a tomar trascendencia, pero esta vez por otro caso de violencia.

Esta semana, la mendocina fue nuevamente imputada, ahora por una decena de hechos de privación ilegítima de la libertad agravada por el vínculo, además de lesiones leves y desobediencia, en un caso que involucra a su actual esposo, Lucas Giménez, y que reaviva el debate sobre su conducta violenta.

Silva, de 35 años, ya había estado en el centro de la controversia tras el fatídico episodio de 2017, cuando atropelló y mató a Fortunato, de 25 años, tras una discusión a la salida de un boliche en San Rafael. Condenada a tres años y medio de prisión domiciliaria por homicidio culposo, la sentencia generó indignación en Mendoza, donde muchos consideraron que el acto fue intencional.

Cumplida su pena, Silva parecía haber dejado atrás ese capítulo. Sin embargo, las nuevas denuncias pintan un panorama inquietante.

Nuevas acusaciones: violencia y encierro

El fiscal de San Rafael, Fabricio Sidoti, imputó a Silva esta semana por una serie de episodios que, según el testimonio de Lucas Giménez, ocurrieron entre 2023 y el 1 de julio de 2025.

Giménez relató al medio local Diario UNO que, durante discusiones de pareja, Silva lo encerraba en la casa que compartían, quitándole su celular y dejándolo incomunicado durante horas o incluso noches enteras.

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En el último incidente, el 12 de julio, la situación escaló: Silva habría golpeado a Giménez en el rostro, lo que lo llevó a denunciarla. Pero las acusaciones no terminan ahí. La exesposa de Giménez también denunció a Silva en diciembre pasado ante la Justicia de Familia por amenazas escalofriantes.

Según el relato, Silva la contactó y le dijo: “Yo te voy a comer el hígado y los riñones a vos y a tu hija. Las voy a dejar en la calle”. Estas amenazas derivaron en una orden de alejamiento que prohibía a Silva contactarse con la mujer y su hija.

No obstante, el 16 de julio, la imputada habría incumplido esta medida al comunicarse con Giménez y la menor, sumando el delito de desobediencia a su expediente.

Tras la denuncia de Giménez, Silva fue puesta bajo prisión domiciliaria, un beneficio otorgado por ser madre de dos menores. Sin embargo, la violación de la orden de alejamiento llevó al juez Claudio Daniel Gil a ordenar su traslado a una penitenciaría en San Rafael. Días después, en un nuevo giro, el magistrado le concedió nuevamente el arresto domiciliario mientras la investigación avanza.